Hay escándalos que duran un día. Hay otros que dejan una marca. Y después están esos casos que, aun cuando tienen nombre y apellido, terminan excediendo a la persona involucrada y se convierten en una radiografía de época. Eso ocurrió con Agostina Páez. Su condena en Brasil por injuria racial fue una noticia judicial, sí.
Con un trasfondo curioso. La gestión Milei abandonó a una ciudadana argentina presa en Brasil por sus diferencias ideológicas con Lula al punto tal de que Quirno no pudo explicarlo ante los medios de comunicación. Fue la diputada nacional Marcela Pagano quien realizó las gestiones diplomáticas parlamentarias ofreciendo a la Justicia ser la fiadora de Agustina en el país para que esté a Derecho junto con Alberto Fernandez, quien asumió las responsabilidades abandonadas por el milésimo y oficio el expresidente de diplomático no oficial por sus excelentes relaciones con la diplomacia brasileña. Nuevo Diario lo informó ayer en detalle y en la portada de hoy.
Pero también fue un episodio internacional, una escena de alto voltaje simbólico y un recordatorio de algo que en la Argentina todavía cuesta admitir: la discriminación no es una rareza ajena, ni una torpeza aislada, ni un accidente individual sin contexto. Es un problema real. Persistente. Y demasiado naturalizado.
Brasil tomó el caso con una seriedad que no deja demasiados márgenes para la ambigüedad. Allí la injuria racial no aparece tratada como un exabrupto menor ni como un “papelón” a secas, sino como una agresión con entidad legal y con peso público. La cobertura periodística brasileña siguió el expediente, se concentró en el hecho, en las víctimas y en la respuesta judicial, y mostró una sensibilidad social distinta a la que muchas veces predomina en la Argentina cuando la discriminación estalla en la agenda.
Y sin embargo, aun admitiendo esa diferencia, hay algo que también debe ser dicho con honestidad: respaldar la justicia no obliga a convalidar el linchamiento. Esa distinción no es una sutileza académica. Es una frontera moral. Porque una democracia puede y debe sancionar una conducta racista, pero no debería necesitar la destrucción total de una persona para demostrar que se toma en serio aquello que condena.
Ese es uno de los puntos más delicados del caso. La exposición pública de Agostina Páez fue enorme. Su nombre, su rostro, su deterioro emocional y su situación de desamparo circularon como parte de una maquinaria de visibilidad que en ciertos momentos pareció exceder el expediente mismo. Decir esto no significa absolverla. No significa desviar la atención de las víctimas. No significa licuar la gravedad del hecho. Significa apenas recordar un principio básico: que la civilización no se mide solo por la firmeza del castigo, sino también por la capacidad de no degradarse mientras castiga.
Porque una cosa es la sanción. Otra, muy distinta, es el goce social del derrumbe.
Y acá conviene ser muy claros para no caer en trampas fáciles. Hablar de Agostina como una joven atravesada por el abandono, la exposición y el sufrimiento no equivale necesariamente a convertirla en víctima principal ni a borrar el agravio cometido. Solo sería éticamente inaceptable si se usara su dolor como excusa, como coartada o como forma de desplazar del centro a quienes padecieron la ofensa racial. Pero si se incorpora ese costado como parte de una reflexión más amplia, entonces no hay contradicción. Hay complejidad. Hay humanidad. Hay una diferencia indispensable entre justicia y crueldad.
En definitiva, no todo el que se niega a festejar un linchamiento está relativizando un delito. A veces, sencillamente, está defendiendo una idea más alta de sociedad.
Lo interesante —y a la vez perturbador— es que la repercusión internacional del caso no se explicó solo por lo que hizo una mujer argentina en Brasil. Se explicó también por lo que el episodio activó en el imaginario regional. LatAm Journalism Review planteó que en Brasil predominó una cobertura orientada a la rendición de cuentas y al problema racial, mientras que en la Argentina buena parte del tratamiento se desplazó hacia la situación personal de la acusada y al costo social que estaba pagando. Esa diferencia encendió una discusión continental sobre cómo se narra el racismo, qué se considera central en cada sociedad y qué reflejan esos enfoques periodísticos sobre la cultura de cada país.
Pero incluso esa observación necesita ser afinada. Porque en la Argentina no toda atención al sufrimiento de Agostina fue banalidad o complicidad. También hubo una lectura que intentó poner un límite a la lógica del escarnio y plantear algo perfectamente razonable: que se puede condenar con toda claridad una agresión racista y, al mismo tiempo, rechazar que una persona sea empujada a una forma de desaparición social como si ese resultado fuera civilizatoriamente superior. Esa diferencia no es menor. Esa diferencia habla, justamente, de qué clase de valores pretende defender una sociedad cuando dice que combate la discriminación.
Ahora bien, si el análisis se quedara solo en la dimensión humana de Agostina, sería insuficiente. Porque el punto de fondo no está en ella sola. Está en nosotros. Está en la Argentina. Está en nuestra vieja dificultad para aceptar que el racismo y la discriminación forman parte de una trama cultural más profunda, que no empieza ni termina en un expediente judicial ni en un video viral.
Hay una imagen que en América Latina aparece con frecuencia cuando se habla de la Argentina: la de un país que durante décadas se narró a sí mismo como blanco, europeo, excepcional, distinto del resto. Un país que muchas veces miró a los demás desde arriba, que invisibilizó sus propios mestizajes, que negó o minimizó su historia afro e indígena, y que convirtió ese autoengaño en parte de su identidad cultural. Por eso el caso de Agostina Páez resonó tanto. Porque para muchos, fuera de la Argentina, no fue solo la conducta de una persona. Fue la confirmación de un viejo estereotipo sobre un sector de la argentinidad: el que todavía confunde diferencia con superioridad y prejuicio con normalidad.
Y eso duele porque toca una verdad que acá todavía se discute mal. En la Argentina la discriminación suele ser tratada de modo selectivo. Se la condena con firmeza cuando conviene, cuando el caso es demasiado escandaloso o cuando el costo de callar sería mayor. Pero se la relativiza, se la envuelve en explicaciones, se la reduce a torpeza o se la administra con indulgencia cuando quien la protagoniza ocupa un lugar de poder o posee blindaje político, cultural o mediático.
El ejemplo más recordado de esa doble vara fue la frase de Alberto Fernández en 2021, cuando sostuvo que “los mexicanos salieron de los indios, los brasileños de la selva y los argentinos de los barcos”. La declaración generó repudio en la región, especialmente en Brasil, y obligó al entonces presidente a pedir disculpas. Pero más allá del bochorno diplomático y del malestar público, no tuvo una consecuencia punitiva real ni una sanción institucional a la altura de la gravedad simbólica del hecho. Quedó como papelón. Quedó como vergüenza. Quedó como evidencia. Pero también quedó como prueba de algo más grave: en la Argentina la discriminación muchas veces no tiene el mismo peso según quién la pronuncie. (jp.reuters.com)
Esa doble vara no es un detalle. Es un problema pedagógico. Porque cuando una sociedad transmite que ciertas humillaciones son intolerables solo en algunos labios, pero administrables en otros, lo que está diciendo en el fondo es que no existe un estándar ético común. Está enseñando que la gravedad del desprecio depende de la jerarquía del emisor. Que no todos responden igual. Que el poder compra indulgencia. Y esa enseñanza, tarde o temprano, se paga.
Más todavía en un país como la Argentina de hoy, donde la palabra pública viene siendo arrasada por una lógica de agresión permanente. No hace falta forzar comparaciones jurídicas para advertir un hilo evidente entre una injuria racial y el clima de hostilidad sistemática que baja desde las más altas esferas del poder. No son idénticos delitos, claro. No tienen el mismo encuadre legal. Pero comparten una matriz común: la degradación del otro como método de afirmación.
Reuters informó en 2025 sobre la enorme “Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista”, convocada en rechazo a declaraciones de Javier Milei en Davos, donde vinculó la ideología de género con la pedofilia y calificó al feminismo y otras luchas como un “cáncer”. Y este mes, en la apertura del Congreso, el Presidente volvió a descalificar en términos extremos a sus opositores. No es un dato lateral. Es el signo de una época en la que el insulto, la ridiculización y la violencia verbal dejaron de ser un exceso para convertirse en una tecnología de poder.
Cuando el Presidente humilla todos los días, no solo hiere a sus adversarios. Enseña una forma de vínculo social. Legitima una pedagogía del desprecio. Hace creer que aplastar al otro en público puede ser sinónimo de autenticidad, valentía o liderazgo. Y después, cuando un caso como el de Agostina Páez estalla a nivel internacional, muchos se apuran a indignarse como si el problema hubiera caído del cielo, como si la discriminación y la humillación no circularan desde hace tiempo en la atmósfera misma de la política argentina.
Pero los climas importan. Importan las palabras. Importan los ejemplos. Importa lo que se naturaliza. Una sociedad no aprende solo de sus códigos penales. Aprende también de lo que ve premiado, celebrado o tolerado en la conversación pública. Aprende de la forma en que se trata al otro. Aprende del tono con que se descalifica. Aprende de lo que el poder habilita. Y si el poder habilita la humillación cotidiana, después no puede fingir sorpresa cuando esa lógica reaparece, con otras formas, en otros territorios y con otras consecuencias.
Por eso el caso Agostina Páez deja varias enseñanzas a la vez. La primera, la más obvia, es que el racismo no puede seguir siendo tratado como un arrebato o un error menor. Tiene consecuencias reales, hiere a personas concretas y debe encontrar respuestas judiciales y sociales firmes. La segunda es que ninguna causa justa se ennoblece por la intensidad del escarmiento. Combatir la discriminación no puede consistir en disfrutar la aniquilación pública de alguien. Justicia sí. Linchamiento no. Y no como consigna cómoda, sino como principio democrático profundo.
La tercera enseñanza, quizá la más dura, es para la Argentina como sociedad. Porque este episodio nos obliga a admitir que seguimos discutiendo mal la discriminación. Que todavía la medimos según conveniencia. Que todavía la relativizamos cuando viene desde arriba. Que seguimos creyendo que el problema está solo en los monstruos evidentes y no en las pequeñas y grandes pedagogías del desprecio que atraviesan nuestra vida pública. Que todavía queremos dar lecciones al mundo sin haber hecho primero la tarea puertas adentro.
Y hay una cuarta enseñanza: una nación que no corrige a tiempo sus miserias termina siendo corregida por la vergüenza pública. Eso fue, en parte, este caso. Un espejo. Uno brutal. Uno imposible de esquivar. El mundo no observó solamente a una joven argentina condenada en Brasil. Observó cómo reaccionaba la Argentina. Qué priorizaba. A quién protegía simbólicamente. Qué se animaba a discutir. Qué elegía callar. Y en esa observación quedó al desnudo algo que no debería tranquilizarnos: seguimos siendo más severos con ciertos escándalos individuales que con la cultura de humillación que incubamos todos los días.
Por eso la conclusión no debería ser tibia. Brasil condenó a Agostina Páez por una agresión racista. Pero la lección más grande no es para ella sola: es para la Argentina entera. Nos deja la obligación de entender que el racismo no es un chiste, que la justicia no debe confundirse con el linchamiento, y que la discriminación pierde toda seriedad moral cuando se condena en una joven particular pero se tolera, se justifica o se aplaude cuando baja desde el poder. Un país que naturaliza el desprecio no solo degrada a sus víctimas: termina degradándose a sí mismo. Y ésa, acaso, sea la enseñanza más brutal de este escándalo que dio la vuelta al mundo.
