Las cifras del sector mercantil son lapidarias. Al realizar una comparación a valores constantes de hoy, un empleado de comercio percibía en enero de 2015 un haber bruto equivalente a $2.250.000. Sin embargo, las proyecciones para abril de 2026 indican que, aun con el último aumento del 2% y bonos adicionales, el salario bruto apenas alcanzará los $1.452.000. Esto representa un ingreso de bolsillo cercano a los $1.200.000, confirmando un desplome del 40% en poco más de una década.
Este fenómeno de licuación de ingresos implica que un trabajador actual puede adquirir un 40% menos de bienes y servicios que hace 11 años. La analista Rosalía Costantino advierte que el impacto es incluso superior al que reflejan los índices oficiales del INDEC, debido al desproporcionado peso que han adquirido las tarifas de servicios públicos en la canasta básica, desplazando otros consumos esenciales.
Inflación reprimida y puja distributiva
Desde una perspectiva heterodoxa, el análisis sostiene que la administración de Javier Milei intenta contener la subida de precios mediante una "inflación reprimida". Esta estrategia se basaría en anclar los salarios y hundir el consumo interno para frenar la demanda. Sin embargo, los expertos cuestionan la sostenibilidad de este esquema: "El problema es que creen que pueden reprimir el salario eternamente", sentenció Costantino, alertando sobre la falta de un plan de recomposición para el futuro inmediato.
La situación del gremio más numeroso del país (con más de un millón de afiliados) funciona como un termómetro de la economía real. Mientras la inflación oficial muestra signos de desaceleración, la "puja distributiva" parece haberse resuelto en favor de los precios, dejando a los trabajadores mercantiles con un nivel de vida sensiblemente inferior al de la década pasada.
