El caso, que se inició tras una denuncia radicada en junio de 2024, llegó a su fin este viernes con una sentencia contundente. Los acusados —tres menores de edad y Martiniano Correcher, el único mayor— enfrentaban pedidos de pena de hasta 12 años de prisión solicitados por la fiscalía de Cámara. Sin embargo, el tribunal determinó que no existieron pruebas objetivas para sostener el relato de la denunciante, una adolescente que en aquel entonces tenía 16 años.
La defensa, encabezada por el abogado Carlos María Cardeilhac, fue tajante al señalar que se comprobó que la joven "mintió descaradamente" desde el inicio de la instrucción. Esta conclusión fue refrendada por el juez Rojo, quien dispuso que se inicie un expediente penal contra la denunciante para determinar si incurrió en el delito de falsa denuncia, afectando la libertad de los jóvenes, uno de los cuales pasó 18 meses tras las rejas en la cárcel de Cruz del Eje.
Pericias bajo sospecha y rol de la fiscalía
Uno de los puntos más polémicos del fallo es la orden de investigar a la perito oficial que intervino en la etapa de instrucción bajo la órbita de la fiscal Paula Kelm. Los abogados defensores calificaron la pericia psicológica central como "delictiva", sugiriendo que el informe pudo haber sido manipulado para sostener una acusación que carecía de sustento fáctico. El tribunal hizo lugar a este planteo y solicitó revisar la actuación profesional de la perito.
Un año y medio de estigma
Para los imputados, el proceso significó no solo la privación de la libertad en el caso de Correcher, sino también el paso por el Complejo Esperanza para los menores y un fuerte estigma social en la localidad de Bialet Massé. Los representantes legales, entre ellos Eduardo Gómez Caminos, celebraron que la prueba fuera valorada de manera integral, permitiendo desarticular un relato que el juez consideró plagado de contradicciones reiteradas durante las audiencias.
Con esta sentencia, la causa original queda cerrada, pero se abren dos nuevos frentes judiciales que prometen generar debate sobre los protocolos de investigación en delitos de integridad sexual y la responsabilidad de los peritos oficiales en el sistema penal de Córdoba.
