La Cámara de Diputados se prepara para una etapa decisiva en el tratamiento de las modificaciones a la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares, sancionada originalmente en 2010. El proyecto, impulsado por La Libertad Avanza, propone alterar la protección total que hoy rige sobre los glaciares y el ambiente periglacial, permitiendo un margen de acción diferenciado según el aporte hídrico de cada zona.
El objetivo del Gobierno nacional es brindar mayor flexibilidad a las administraciones provinciales para que determinen qué geoformas proteger y en cuáles habilitar actividades industriales, tales como la minería y la exploración petrolera. Esta reforma es vista por el Ejecutivo como una herramienta clave para el desarrollo económico regional y la atracción de inversiones en el sector extractivo.
El respaldo de los gobernadores y el escenario legislativo
El debate en el Senado contó con la participación activa de mandatarios provinciales con fuerte perfil minero, como Raúl Jalil (Catamarca) y Marcelo Orrego (San Juan). Se espera que los diputados que responden a estos gobernadores acompañen los cambios en el recinto, consolidando la mayoría que el oficialismo necesita para convertir el proyecto en ley.
Cabe recordar que, el pasado 26 de febrero, la Cámara Alta aprobó la iniciativa con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. Los detractores de la reforma advierten que flexibilizar la protección del ambiente periglacial podría poner en riesgo las reservas estratégicas de agua dulce del país, especialmente en un contexto de crisis climática global.
Audiencias públicas y plazos
Las audiencias públicas comenzarán inmediatamente después del fin de semana largo de marzo. La intención del bloque oficialista es agotar las instancias de consulta rápidamente para llevar el dictamen al recinto en la primera quincena de abril. De cumplirse estos plazos, Argentina entraría en un nuevo paradigma de gestión de sus recursos de montaña, priorizando la competencia provincial y el desarrollo industrial sobre el esquema de protección absoluta vigente hace más de una década.
