El Gobierno de España endureció su postura frente a la denominada operación "Furia Épica", lanzada por Estados Unidos e Israel. A través del Ministerio de Defensa, se confirmó la prohibición total para que aviones de combate o de reabastecimiento en vuelo utilicen las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla), así como el tránsito por el espacio aéreo soberano, afectando incluso a aeronaves estadounidenses destacadas en el Reino Unido y Francia.
El presidente Pedro Sánchez fue tajante ante el Congreso al definir el conflicto como una "guerra ilegal" que no cuenta con el respaldo de la Carta de las Naciones Unidas. Esta decisión provocó una reacción inmediata de Donald Trump, quien respaldó la propuesta de retirar la presencia militar norteamericana de suelo español y de otros países de la OTAN que no colaboren en la protección del estrecho de Ormuz. Ante esto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, pidió respeto por la posición "firme y clara" de España contra cualquier acción bélica unilateral.
Pese al roce diplomático, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró que las relaciones comerciales no se verán afectadas y anunció la apertura de nuevas oficinas económicas en Boston y Houston para apoyar a las empresas españolas. El objetivo es separar la discrepancia geopolítica del flujo de inversiones bilaterales, subrayando que España opera bajo las mismas condiciones que el resto de sus socios europeos.
Mientras tanto, la situación en el Golfo Pérsico muestra señales mixtas. Trump afirmó que su administración negocia "directa e indirectamente" con Teherán, logrando que el régimen iraní permita el paso de 20 petroleros por el estrecho de Ormuz como "muestra de respeto". Sin embargo, el bloqueo de facto persiste tras la ofensiva iniciada el pasado 28 de febrero, manteniendo al precio del crudo y a la diplomacia global en un estado de alerta máxima.
