El Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, oficializó la creación del Registro Integrado de Beneficiarios (RIB) para centralizar la información de los programas sociales. La medida, anunciada este jueves, busca consolidar una base de datos actualizada y trazable que permita monitorear la cobertura prestacional en toda la Argentina.
La iniciativa utiliza el Sistema Integrado de Información Social (SIIS) como soporte técnico para analizar la distribución territorial de los recursos. Según fuentes oficiales, el objetivo primordial es "contar con una base integrada" que optimice la transparencia y la llegada de la asistencia a los sectores que realmente lo necesitan.
El vínculo con los compromisos externos
La unificación de estos registros coincide con los puntos señalados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus informes de agosto de 2025. El organismo multilateral había sugerido mejorar la focalización del gasto público para reducir filtraciones, aunque desde la cartera nacional evitaron vincular directamente el RIB con una exigencia externa.
Análisis técnico y social
Expertos del CESO, como el economista Federico Zirulnik, advierten que el margen para recortes en prestaciones como la AUH es escaso. No obstante, el cruce de datos permitirá una fiscalización más rigurosa sobre pensiones y otros beneficios, buscando detectar superposiciones que afecten la eficiencia del presupuesto estatal.
Inteligencia Artificial para el control
El nuevo sistema incorpora Inteligencia Artificial para procesar grandes volúmenes de datos y detectar anomalías en la asignación de fondos. Esta tecnología facilita la identificación de personas que se encuentran fuera del sistema de protección, permitiendo una asignación de recursos más precisa y basada en evidencia técnica.
Seguridad y datos personales
Ante la centralización de información sensible, el Ejecutivo ratificó que el proceso se ajustará estrictamente a la Ley 25.326. Se han establecido protocolos de confidencialidad y seguridad para garantizar que el resguardo de los datos de los beneficiarios sea la prioridad máxima durante la implementación del registro.
