El pleno de la Knéset aprobó este lunes una reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para personas halladas culpables de asesinato terrorista. La medida fue impulsada por el sector ultranacionalista del gobierno y contó con 62 votos a favor y 48 en contra, incluyendo el respaldo del primer ministro Benjamín Netanyahu.
La normativa obliga a los tribunales militares a imponer esta pena a los residentes de Cisjordania ocupada, mientras que permite a los tribunales ordinarios —que juzgan a ciudadanos israelíes— optar por la cadena perpetua bajo ciertas condiciones. Organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición han denunciado que la ley es discriminatoria e inconstitucional, ya que en la práctica se aplicaría exclusivamente a la población palestina.
Según el texto aprobado tras casi 12 horas de debate, la pena de muerte será el castigo por defecto en tribunales militares, salvo en excepciones no definidas donde los jueces podrán dictar cadena perpetua. Un punto clave de la reforma es que no tendrá carácter retroactivo, por lo que no afectará a los autores de los ataques del 7 de octubre, quienes están sujetos a un proyecto de ley independiente.
El argumento de quienes promueven la ley se centra en la disuasión y la justicia para las víctimas, bajo la premisa de que quien elige el terrorismo, elige la muerte. Por el contrario, sus detractores señalan que la definición legal de los delitos —orientada a quienes busquen "negar la existencia del Estado de Israel"— excluye en la práctica a ciudadanos israelíes o terroristas judíos, consolidando un sistema penal desigual basado en la residencia y el estatus civil.
