¿Busca el gobierno de Milei acabar con la educación pública? Fue la consulta que enfrentó opiniones y abrió el debate en la última edición de Actualidad Política por LV11. Los secretarios generales de los Adunse y Apunse, Santiago Comán y Pablo Cejas respectivamente, abordaron la cuestión sin compartir la misma opinión, pero mostrándose muy preocupados por la situación actual de las universidades nacionales, centrando sus miradas en la cuestión salarial.
Desde la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, puntualizaron que dicha ambición del gobierno nacional “no pasaría de ser un mero deseo, imposible de cumplir”. Para fundamentar esa postura, Comán enfocó el tema desde tres dimensiones: la primera expone la universidad pública como histórica, grabada en el ADN de nuestra constitución como Estado desde la Reforma del 18. Señaló que ha trasvasado todos los gobiernos y ninguno pudo con ella.
En una segunda dimensión, señaló que no se puede desconocer que la educación pública está garantizada por ley, dentro de las funciones básicas del Estado y dentro de la Constitución de la Nación. La ley de educación superior goza de plena vigencia y, para modificarla, sería necesario alcanzar una mayoría agravada en el Congreso. En una tercera instancia, enfatizó que la universidad pública “no es solo carreras de grado y posgrado, es además sociedad, territorio, actividades, oficios, arte, cultura, investigación y extensión”, al tiempo que exigió que las universidades mantengan un criterio de independencia académico, científico y técnico.
A su turno, la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, a través de su secretario general Pablo Cejas, enfrentó a Comán al asegurar que la pretensión de acabar con las universidades públicas sería mucho más que una mera expresión de deseo. “No coincido con Santiago, advierto un intento de mercantilizar la educación superior”, señaló a LV11. A modo de ejemplo, recordó que la gestión actual pudo con una reforma laboral, planteando: “¿Cómo no van a poder avanzar con una ley de educación superior?”.
Al profundizar, destacó que si la gestión libertaria obtiene las herramientas necesarias en el Congreso, no ve qué los pueda detener para llevar a cabo una modificación en materia de educación universitaria. Recordó que una acción semejante avasallaría la gratuidad y el ingreso irrestricto para todos los que aspiren a ese nivel educativo. Cejas aseguró que esta intención es parte de la agenda del gobierno para llegar al 2027 con medidas de esta índole.
Recordó también que cuando comenzó la lucha universitaria en marzo o abril de 2024, la gente lo veía como algo netamente ideológico, pero hoy está claro que el deterioro del salario y la falta de gastos de funcionamiento afectan a todos. El dirigente remarcó que sin universidades ni salarios dignos no hay desarrollo, advirtiendo que un país sin estudiantes llenando las aulas no puede aspirar a su máximo potencial.
En cuanto al presupuesto, mencionó que las universidades llegaron con uno prorrogado desde 2023 hasta 2026, año en que el asignado no responde a las necesidades actuales: mientras las casas de altos estudios necesitaban 7.8 billones de pesos, el gobierno nacional apenas otorgó 4.5 billones, logrando apenas un 50% del total exigible para formar profesionales.
Comán redobló la apuesta insistiendo en que, sin mayoría agravada, no se podría malograr la educación superior, ya que está garantizada por una malla jurídica constitucional que incluye los artículos 14, 75 y diversos tratados internacionales. Apuntó que, para derogar esta ley, cabría convocar a una reforma constitucional, marcando una diferencia clara con la ley de contrato de trabajo, que pertenece al ámbito privado.
Finalmente, sobre la relación entre votantes de distintas fuerzas dentro de la universidad, Cejas consideró que no hay que hablar de grietas más allá de lo ideológico. Destacó los logros históricos de Apunse, como integrar el co-gobierno universitario en los 80 o el convenio colectivo de 2006, afirmando que sería inadmisible retroceder en esas conquistas.
Por su parte, Comán fue categórico al anunciar que, junto a la Conadu, se levantarán nuevas carpas blancas en todo el país —emulando la lucha de los 90— mientras se preparan para una gran marcha federal hacia finales de abril o primeros días de mayo.
