Por Ariel Sequeira
No a la derogación de la ley del libro, es la consigna lanzada por el sector editorial y comercial al conocer la apagada intención del gobierno anarco-libertario, que como ya lo viene haciendo con otros estamentos de la cultura nacional, quiere ahora golpear el corazón mismo de esta industria y venta de uno de los bienes más preciados, desde los tiempos de Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg -1450-. Milei instruyó a sus aliados para concretar la derogación de la mencionada norma. El gobierno nacional envió el proyecto de marras al Senado de la Nación, con la intención precisamente de modificar la denominada “Ley de Fomento del Libro”, la intención además no sería otra que echar por tierra la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera. Esta última es clave porque establece el precio único y uniforme para los libros en todo el país.
Al conocerse esta nueva embestida contra la cultura nacional, tanto el sector editorial, las librerías y las cámaras del libro, expresaron su profundo rechazo a la iniciativa. Con la intención de esclarecer a la sociedad, advirtieron que la eliminación del precio fijo para los libros, lejos de abaratarlos, provocaría el efecto contrario. Para los directos interesados, derogar dicha norma favorecería la concentración llevando a una competencia desleal. Si se deroga la ley, se habilitaría a las grandes cadenas, los hipermercados y las plataformas internacionales a vender títulos comerciales, pero a pérdida. Otros de los perjuicios sería el impacto sobre las librerías de barrio. Dado que estas pequeñas librerías, las editoriales independientes y las Pymes podrían cerrar. Como efectos más difusos, pero no menos importantes, se sabe que también se vería afectada lo que se denominó como la biblio-diversidad. Es decir que se llegaría a limitar la circulación de autores locales y géneros menos comerciales, como existen y en cantidad en la actualidad.
Hay preguntas que son más que necesarias: ¿Cuánto le sale al Estado la vigencia y mantenimiento de la ley del libro? Y la respuesta es: Nada, cero pesos. Hasta ahora la excusa del gobierno de Milei para avanzar sobre distintas expresiones de la cultura nacional viene siendo mantener el equilibrio financiero del Estado, recortando todo lo que considere necesario para evitar el tan mentado déficit cero. Una vez más, no sería este el caso de la ley que ahora pretenden dejar de lado.
Hay más preguntas que se suman: ¿Quién o quiénes quieren eliminar el precio unificado? Los más interesados son las grandes cadenas, las multinacionales para poder elegir qué libros “reventar”, es decir vender por debajo de su precio real -hoy es precio unificado- y competir de forma desleal, ahogando a los pequeños comercios del rubro. Eliminando competidores, para posteriormente hacer del mercado una estructura a su antojo y libre albedrío.
Otra pregunta: ¿Qué pasaría si se aprueba su derogación? Respuesta: Lo que ya sucedió en otras partes del mundo, incluso en grandes economías como Inglaterra, donde cerraron miles de pequeñas librerías cuando se legisló en esa misma orientación. En ese caso corrieron la misma suerte cientos de pequeñas editoriales independientes porque no pudieron sostenerse económicamente en el tiempo. Queda claro que no es urgente ni necesario para el país acometer contra la ley vigente. No es necesario y además sería muy peligroso legislar en ese sentido.
¿Qué establece esta norma que Milei intenta derogar? La Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera, establece el precio uniforme de venta al público para los libros. Esto significa que editores e importadores fijan un precio fijo que debe ser respetado por todas las librerías del país, evitando la competencia desleal y protegiendo a los comercios más pequeños frente a las grandes cadenas.
En algunas ocasiones se suele preguntar por el espíritu de la ley y esto alude en el ámbito jurídico, al propósito, objetivo o la intención fundamental que tuvieron los legisladores al crear una norma. Es el "por qué" se redactó y qué valor o bien social buscaba proteger. Es así que la ley del libro alberga en su espíritu: El precio fijo, que establece que todo editor, importador o representante está obligado a fijar un precio de venta al público uniforme para sus libros. Este debe respetarse tanto en librerías independientes como en grandes superficies. Existen sin embargo excepciones: El mencionado precio fijo no aplica de manera permanente; la ley establece que los editores pueden fijar un nuevo precio de venta al público luego de transcurrido un tiempo prudencial, que usualmente suele ser de unos 18 meses, desde la última edición, o si el libro tiene algún defecto físico.
Esta norma, que se pretende derogar (que se complementa con la Ley de Fomento del Libro y la Lectura - Ley 25.446) busca que el libro sea considerado un bien cultural y no una simple mercancía, fomentando la diversidad editorial y el acceso democrático a la lectura en todo el país.
