El proceso de privatización vial impulsado por el Poder Ejecutivo nacional comenzó a trasladar sus costos de forma directa a los usuarios. Apenas seis días después de concretarse el traspaso de los corredores nacionales a manos privadas, las tarifas de los peajes registraron incrementos del 19,14%, una medida autorizada por el Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo.
El consorcio Corresur, integrado por las firmas Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco, tomó el control operativo de las rutas 3, 205, 226 y la autopista Ricchieri por un lapso de 20 años. La primera actualización tarifaria impactó sobre la Ruta Nacional 226, sumándose al incremento del 16% que la estatizada Corredores Viales había implementado meses atrás.
La reconfiguración del servicio estuvo precedida por el despido masivo de trabajadores en las cabinas de cobro. La empresa estatal cesó a 120 operarios en el peaje de Hinojo (Olavarría), 45 empleados en El Dorado (Balcarce) y otros 35 en La Vasconia (Tandil), debido a que el nuevo esquema privado estipula que las estaciones funcionarán de manera exclusiva mediante medios de pago electrónicos y automáticos.
Alertas por falta de inversiones y nuevos paquetes de licitación
Organizaciones de usuarios viales manifestaron su preocupación ante las especificaciones de los pliegos de concesión aprobados. Los documentos oficiales revelan que el consorcio privado solo ejecutará tareas menores de mantenimiento a corto plazo, tales como reparación de banquinas, sellado de fisuras y reemplazo de elementos de seguridad dañados, excluyendo obras de infraestructura de gran envergadura.
A pesar de que el Palacio de Hacienda definió a la Red Federal de Concesiones como un modelo que "se desarrollará sin subsidios del sector público", el propio Estado nacional habilitó créditos multimillonarios a través del banco BICE —bajo la órbita de Economía— para financiar las obras de las firmas ganadoras.
En paralelo, las autoridades centralizadas aceleraron la licitación de la Etapa II-B del programa, que contempla más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en cuatro tramos estratégicos. El proceso sumó 31 propuestas económicas de 13 oferentes privados, bajo un esquema donde la Dirección Nacional de Vialidad actuará formalmente como el organismo supervisor de los contratos.
