El programa de reformas estructurales promovido por el Poder Ejecutivo nacional incorporó un nuevo eje de debate institucional. El presidente Javier Milei anunció que el próximo paquete de leyes que enviará al Congreso de la Nación incluirá un proyecto para declarar el "cierre del Estado", un mecanismo inspirado de forma directa en el “shutdown” que se aplica en los Estados Unidos. La iniciativa oficial estipula que, ante determinados escenarios financieros, la administración pública pase a prestar únicamente sus servicios esenciales, frenando el resto de las actividades y licenciando a los empleados estatales sin el goce de sus haberes.
Aunque la Casa Rosada aún no difundió los detalles técnicos de la propuesta, el jefe de Estado dio a entrever que el dispositivo se activaría en caso de que se agoten los créditos presupuestarios vigentes; es decir, cuando se terminen los fondos asignados para el ejercicio. Ante este panorama, el presidente de la Asociación Argentina del Presupuesto y la Administración Financiera Pública (ASAP), Guido Rangugni, analizó los alcances del anuncio en una entrevista con el diario Ámbito y cuestionó la viabilidad técnica de trasladar ese modelo al marco normativo local.
Las diferencias operativas con el sistema norteamericano
Al ser consultado sobre si un esquema de estas características podría funcionar en el país, el titular de ASAP marcó una diferencia sustancial en la arquitectura legal de ambas naciones. En los Estados Unidos, el shutdown entra en vigencia de forma automática cuando el Congreso no logra aprobar la Ley de Presupuesto. En contraposición, “en la Argentina rige un mecanismo de prórroga del presupuesto que establece que, en caso de que no haya un acuerdo a nivel legislativo entre las distintas fuerzas, el Poder Ejecutivo tiene que continuar haciendo lo que venía realizando; o sea, rige el presupuesto del año anterior al cierre”, diferenció el especialista.
Rangugni detalló que el sistema de prórroga local posee cláusulas de ajuste para recalcular de forma obligatoria los pagos de la deuda pública externa y evitar caer en default técnico, al tiempo que elimina partidas de obras o relevamientos cuyo objetivo ya fue cumplido de forma definitiva. “El mecanismo del shutdown estadounidense es para el caso de que no haya ley. No parece aplicable aquí. El shutdown es otra cosa: no aplica a cuando no te alcanza el presupuesto”, sentenció.
Proyecciones de inflación y el límite del ajuste real
El economista advirtió que las previsiones inflacionarias a la baja con las que se diseñó el presupuesto original quedaron desfasadas respecto de la coyuntura del año en curso, lo que obligará a realizar ampliaciones presupuestarias obligatorias debido a que aproximadamente el 50% del gasto público total se encuentra indexado de manera directa por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
“Los ingresos te vienen flaqueando y, para poder estar en equilibrio fiscal, hay que hacer una reducción muy significativa, en términos reales, del resto de los gastos no previsionales. Nos daba entre el 15% y el 20% respecto del período anterior”, calculó el titular de ASAP.
Como conclusión del análisis, Rangugni evaluó que la implementación del proyecto presidencial carece de sentido operativo desde el punto de vista del control del gasto, ya que el Ejecutivo cuenta actualmente con la totalidad de las herramientas administrativas necesarias para frenar o reasignar las partidas discrecionales. Asimismo, el especialista alertó sobre las complejas derivaciones jurídicas de la iniciativa, señalando que el hecho de enviar a los empleados de la administración pública nacional de licencia sin goce de sueldo exigiría una modificación de fondo de las leyes laborales vigentes en el país.
