Por Ariel Horacio Sequeira
Frente a la deuda pública bruta de Argentina que alcanzó un récord histórico de 483.830 millones de dólares a marzo de 2026 y la deuda con el FMI de unos 57.500 millones de la misma moneda, bajo la gestión de Javier Milei y Toto Caputo, el anuncio de un nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional por 1.000 millones, parece algo inocuo. Tal vez lo sea, pero, ¿qué pidió el FMI como contraprestación para una respuesta tan diligente? En el corriente año el país deberá afrontar compromisos con el Fondo por más de 4.400 millones de la moneda norteamericana, distribuidos en siete vencimientos para pagos de capital e intereses. En agosto: 820 millones, en septiembre 796 millones, en noviembre 815 millones y en diciembre 341 millones, de allí la urgencia de hacerse de moneda extranjera de manera perentoria. Por eso vale repreguntar: ¿Qué pidió como contraprestación el fondo?
Una de las primeras condiciones innegociables, de cumplimiento sí o sí, fue el megaajuste del gasto público que se anunciara el pasado 11 de mayo, aplicado sobre un presupuesto 2026 que ya estaba ajustado. Cabe recordar los ajustes que fueron anunciados: El gobierno de Milei fijó una partida de 4,8 billones de pesos para las casas de altos estudios para este año, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional reclamaba 7,3 billones. Aunque este ajuste se agravó con un recorte de 78.768 millones de pesos afectando programas educativos y la suspensión de obras de infraestructura, acumulando una caída real del 33,8% respecto a 2023.
¿Y en salud? La Nación oficializó en el mes en curso un ajuste de 63.000 millones de pesos al presupuesto de salud pública. Los principales recortes afectaron a las siguientes áreas: Medicamentos e insumos, se recortaron 20.000 millones de pesos. Además el programa de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud sufrió una quita de 25.000 millones, afectando la asistencia sanitaria en todas las provincias o en casi todas. El ajuste también cayó sobre enfermedades transmisibles, con un recorte de 500 millones. Otro ajuste fue para los presupuestos destinados a tratamientos oncológicos, el Instituto Malbrán, el INCUCAI, y programas de VIH, hepatitis, cáncer y salud sexual. Si se contemplan en general los hospitales nacionales, el ajuste total de partidas habría impactado con reducciones del 34 por ciento, de 44 por ciento en programas sanitarios y 25 por ciento para la Agencia Nacional de Discapacidad.
Estos son los números más ostensibles porque se trataría de servicios esenciales. El sólo hecho de contemplar que se recortaron partidas para los tratamientos oncológicos, nos remite a la pregunta inicial: ¿Esto es lo que pidió como contraprestación el Fondo, para facilitar un nuevo desembolso? ¿El FMI pidió que se deje sin ayuda, sin cobertura, sin atención a los enfermos terminales? ¿Estas medidas, recortes, las aplica la Nación con libre discrecionalidad, es elección o selección de Javier Milei, decidir quién afronta la carga de nuevos desembolsos para atender la deuda generado por Mauricio Macri y por el propio gobierno Libertario?
Para Alfredo Zaiat, esta negociación no oficial en los términos expuestos no haría más que demostrar la extrema fragilidad del esquema económico liberal-libertario. Durante cinco meses la Nación gestionó ante el Fondo el dinero, que más temprano que tarde, volverán a las bóvedas del FMI, como parte de la impresionante deuda que el país mantiene con ese organismo, en decenas de miles de millones.
Algunos números más… A principios de mayo el Banco Central giró al Fondo 800 millones de dólares. Para agosto –como ya señalamos– entre capital e intereses, habrá que desembolsar más de 800 millones. Incluso en febrero se habrían abonado otros 800 millones. Estos tres pagos sumarían más de 2.000 millones de billetes norteamericanos. Con estos valores ahora se entiende por qué Caputo salió disparado a pedir más dólares. Zaiat asegura que mucho más importante que la llegada de otros mil millones, para la supervivencia del plan económico de Milei, sería la protección del Fondo que podría leerse también como la protección de Estados Unidos. Esa buena relación o mejor expresado, esa malsana relación, se apoyaría en el nuevo ajuste fiscal, en un nuevo megaajuste del gasto público. Si en el camino deben quedar enfermos terminales sin cobertura, ancianos sin remedios gratis o si los ancianos deben elegir entre comer o pagar la luz, eso no importa.
Zaiat desnuda sin tapujos los requerimientos del Fondo y las genuflexas respuestas a esas exigencias de la Nación. El economista denuncia que el acuerdo con el FMI incluye exigencias y compromisos macroeconómicos –obligatorios– con el único y aparente objetivo “de consolidar la desinflación para garantizar la sostenibilidad externa”. Refuerza esta idea cuando señala como fundamental el cuidado de la meta fiscal, “una de las anclas fundamentales del plan”. La pregunta de oro: “¿A qué costo? ¿El plan de Milei, es absolutamente orientado a cuidar las acreencias del Fondo? ¿Los libertarios gobiernan para los argentinos o para la banca extranjera? ¿Jubilados, enfermos terminales, discapacitados, docentes universitarios es decir las universidades, son nada más que daños colaterales?
A nadie escapa que en economía, el límite del ajuste depende siempre del umbral en el que el recorte de gastos comienza a destruir las bases productivas y sociales. Las fábricas siguen cerrando, la gente consume menos cada día, los comercios cierran, los sueldos apenas llegan al 10 de cada mes… Salvo que leas a los “austríacos”, todos los que leyeron lo elemental en economía saben que un ajuste excesivo incrementa la pobreza y la conflictividad social, mientras que lo estrictamente económico, reducir el gasto público enfría la actividad y destruye empleos, lo que a su vez reduce la recaudación, obligando a nuevos recortes, cayendo así en un círculo absolutamente vicioso y quizás esta definición sea la que más se ajuste al perfil de quienes gobiernan.
