El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su política de austeridad y control del gasto público. Mediante la Decisión Administrativa 20/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, oficializaron un recorte presupuestario que afecta a 211 programas gubernamentales, sumando un ahorro total de $2,3 billones.
El análisis realizado por la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP) detalla que esta "poda" implica una disminución de $1,9 billones en gastos corrientes y más de $496.000 millones en gastos de capital. Según los considerandos de la norma, el objetivo es incrementar el resultado financiero del Estado en aproximadamente $3 billones frente al complejo escenario de ingresos fiscales.
Impacto en Salud y Organismos Críticos
Uno de los sectores más golpeados por la reestructuración es el de Salud, con una quita total de $62.731 millones. Entre los puntos más sensibles del ajuste se encuentran:
Medicamentos e Insumos: Recorte de $20.000 millones en el programa de Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica.
Enfermedades Graves: El programa de investigación y tratamiento del cáncer sufrió una baja de $5.000 millones.
Organismos de referencia: Se redujeron las partidas para el Instituto Malbrán ($1.162 millones) y el INCUCAI ($1.000 millones).
Prevención: El control de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles perdió $500 millones.
Ajuste en Empresas Públicas y Provincias
La "motosierra" oficial también alcanzó a empresas estatales y fondos transferidos a las jurisdicciones provinciales. En el Ministerio del Interior, el fondo para Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se redujo en $320.000 millones, limitando el margen de asistencia financiera a las provincias.
Por el lado de las empresas, Energía Argentina sufrió una quita de $200.000 millones, seguida por el programa educativo EDUCAR S.A. ($48.000 millones) y AySA ($21.437 millones). Otros organismos como Radio y Televisión Argentina (RTA) y la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) también percibieron disminuciones en sus créditos.
Críticas de la oposición
La medida generó un fuerte rechazo en sectores opositores. Alejandro Gómez, director del Instituto del Consenso Federal, calificó la decisión como un "ajuste grosero" y una alteración directa de la Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso hace apenas cuatro meses. Gómez denunció que "rastrillando la letra chica de las 588 fojas del anexo, emergen verdaderos guadañazos" que afectan directamente la prevención y detección temprana de enfermedades críticas.
Desde el Palacio de Hacienda, en tanto, insisten en que estas medidas son necesarias para mantener el equilibrio fiscal y cumplir con las metas de gasto que el propio Caputo había solicitado a sus pares de gabinete semanas atrás.
