La causa penal que investiga al empresario tucumano Franco David Alderete por presuntas maniobras de estafa sumó un avance clave este jueves, tras concretarse cuatro allanamientos simultáneos en San Miguel de Tucumán y la localidad de Lules. Durante las medidas judiciales, las fuerzas de seguridad secuestraron material tecnológico, documentación financiera y un importante volumen de esteroides anabólicos ilegales.
Los procedimientos fueron llevados a cabo por personal del Departamento Inteligencia Criminal (D-2) de la Policía de Tucumán, bajo la supervisión del fiscal Fernando Blanno y con aval de la jueza Criss Rosa Luz Correa. Las irrupciones se concentraron en tres locales comerciales vinculados a la venta de suplementación deportiva y en una propiedad residencial.
Documentación incautada y esquema de inversiones bajo la lupa
Como resultado del registro de los inmuebles, los peritos incautaron nueve teléfonos celulares, cuatro computadoras y abundante documentación compuesta por contratos, pagarés y soportes físicos que quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad N° 2.
En paralelo, en un depósito anexo a uno de los comercios inspeccionados, los efectivos descubrieron una gran cantidad de Esteroides Anabólicos Androgénicos (EAA) sin certificaciones de la ANMAT ni autorizaciones sanitarias vigentes, abriéndose un expediente judicial paralelo por comercialización ilegal de fármacos.
La pesquisa se inició tras una seguidilla de denuncias presentadas por damnificados del ámbito del fitness y la actividad física de Tucumán y Santiago del Estero. El modus operandi investigado contemplaba:
Capta de fondos: ofrecimiento de rendimientos elevados en pesos y dólares a través de una firma proveedora de insumos para gimnasios.
Acreditación de solvencia: exhibición de locales a la calle, firma de pagarés y presentación de contratos de importación para generar confianza.
Incumplimiento y excusas: tras realizar los primeros retornos, la empresa habría interrumpido los pagos argumentando supuestos embargos judiciales, bloqueos bancarios y trabas en la aduana.
La Justicia avanzará en el peritaje de los dispositivos electrónicos incautados para determinar el alcance económico final de los montos retenidos y la eventual responsabilidad de otros involucrados en la red.
