La situación judicial del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, experimentó un fuerte sismo en los tribunales de Comodoro Py. La investigación de carácter penal orientada a determinar la consistencia y evolución de sus bienes personales incorporó dos movimientos procesales de alta relevancia que complican el escenario del funcionario y debilitan las defensas públicas ensayadas oportunamente por la Casa Rosada.
Por un lado, los peritos informáticos de la Justicia federal lograron concretar con éxito la extracción y descarga completa del contenido del teléfono celular perteneciente a Matías Tabar, el contratista e ingeniero encargado de ejecutar las obras de refacción edilicia en las diversas propiedades del actual Jefe de Ministros. Según revelaron fuentes de la causa, en el dispositivo analizado se detectaron conversaciones estratégicas sobre las obras, presupuestos, documentación complementaria de compras y facturas comerciales que ya se encuentran bajo la lupa de los investigadores.
En paralelo, el fiscal federal Gerardo Pollicita avanza a paso firme en la confección de un requerimiento de justificación patrimonial. Esta herramienta técnica funciona como un emplazamiento legal e intimación formal para que el alto funcionario del Poder Ejecutivo Nacional brinde explicaciones pormenorizadas sobre el origen, la legalidad y la trazabilidad de una serie de transacciones financieras que, a criterio de la fiscalía, carecen de sustento económico lógico y legalidad formal.
Pagos en negro bajo la lupa de la Fiscalía
La decisión del fiscal Pollicita de avanzar con este requerimiento se mantendrá firme e independiente de otros elementos de prueba que aún restan incorporarse al expediente. Fuentes tribunalicias confirmaron que los cruces de información preliminar permitieron detectar severas inconsistencias vinculadas a presuntos pagos en negro.
Entre los puntos más oscuros que la Justicia penal pretende esclarecer se destacan abultados desembolsos que habrían sido ejecutados mediante la utilización de dinero en efectivo:
Los gastos de financiamiento de un viaje de placer de la familia Adorni a las playas de Aruba.
Los pagos de honorarios profesionales cursados a la escribana Adriana Mónica Nechevenko.
El abono de cuotas mensuales en efectivo a mujeres de la fuerza policial que participaron activamente de una operación de índole hipotecaria vinculada al departamento que el funcionario posee en la calle Asamblea.
El requerimiento formal quedará formalizado una vez que arribe a los despachos el dictamen técnico de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO/DAFI), que pondrá bajo la lupa los números finos del patrimonio, junto a la Declaración Jurada que el vocero presidencial prevé girar esta misma semana a la Oficina Anticorrupción (OA) luego de sucesivas revisiones en la Casa Rosada. La encrucijada para Adorni es total: si sus explicaciones logran convencer al Ministerio Público será sobreseído, pero de mantenerse las dudas, será formalmente imputado y citado a declaración indagatoria.
Una cifra superior a los 725 mil dólares y la sombra de Ariel Lijo
La mira judicial sobre los movimientos de Manuel Adorni lleva un proceso de maduración de más de tres meses. A principios de mayo, el propio presidente de la Nación, Javier Milei, intervino de manera pública para blindar políticamente a su colaborador directo. "Es una persona honesta, una persona de bien. Las cosas que me presentó estaban en orden. Me consta que no está sucio, está limpio" había enfatizado el Jefe de Estado en aquel momento.
Sin embargo, la documentación que deberá convalidar ante la Oficina Anticorrupción arrastra un desfasaje financiero complejo. La Justicia investiga cómo hizo el funcionario para afrontar compromisos, deudas y consumos que en su conjunto superarían la barrera de los 725 mil dólares. Dicho monto global engloba la adquisición y puesta en valor de dos inmuebles de categoría —un departamento en el barrio porteño de Caballito y una propiedad de descanso en el exclusivo country Indio Cuá—, además de travesías familiares al exterior y la compra de una camioneta de alta gama.
El destino procesal del jefe de Gabinete descansa en las manos del juez federal Ariel Lijo, quien subroga las causas y evalúa la posibilidad concreta de convocar al funcionario a los estrados para una declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno, pautada entre el 21 y el 30 de julio. Actualmente, Lijo instruye dos expedientes conexos sobre Adorni: el primero, abocado estrictamente al lavado y evolución de su patrimonio; el segundo, enfocado en examinar sus vínculos con el periodista Marcelo Grandio, un amigo cercano que se vio beneficiado con contratos estatales y que financió un polémico traslado en un jet privado a Punta del Este para el disfrute de la familia del funcionario nacional.
