La polémica por la figura de grandes dimensiones de San la Muerte en la ciudad de La Banda pasó de las redes sociales a los despachos oficiales. Tras el rechazo de la Iglesia Católica, expresado por el Cardenal Vicente Bokalic, la Dra. Romina Martínez Hunko confirmó en diálogo con Radio LV11 que ha judicializado el caso para frenar lo que considera una "imposición" a la comunidad.
La letrada explicó que la vía administrativa ya fue agotada mediante una presentación ante el Ministerio de Obras Públicas, dado que el predio se encuentra fuera de la jurisdicción de la Municipalidad de La Banda. Hunko fundamentó su acción en el "uso abusivo de un derecho", argumentando que si bien existe libertad de culto, esta no permite vulnerar el orden público. "Usted puede tener intimidad en su casa, pero no con una puerta ventana haciendo partícipes a los vecinos", graficó.
Seguridad edilicia y el riesgo de derrumbe
Uno de los puntos centrales de la denuncia de la Dra. Martínez Hunko es la seguridad técnica de la obra. Con 13 metros de altura, la abogada advirtió que cualquier falla estructural podría terminar en tragedia. "El Estado argentino ha sido condenado hace poco por la caída de una estructura en una plaza que aplastó a una niña. Si todos somos iguales ante la ley, el propietario debería haber presentado planos y cálculos de ingeniería", señaló, apuntando directamente contra el dueño del terreno, identificado como Daniel.
Vulnerabilidad infantil y el precedente Marito Salto
Como especialista en prevención de abuso sexual infantil, la Dra. Martínez Hunko hizo especial énfasis en el impacto psicológico. Afirmó que los niños no poseen la capacidad de abstracción para entender estas imágenes y que el Estado debe protegerlos. Además, vinculó la preocupación con el trasfondo delictivo que a veces rodea a estos cultos: "El caso de Marito Salto es el de un niño de 12 años descuartizado por este tipo de religiones; hay una sentencia que vincula estas prácticas con delitos penales", recordó con dureza.
El respaldo de la comunidad
Hunko aclaró que no acciona contra el artesano, a quien considera un trabajador, sino contra el propietario que dispuso los medios económicos para una obra que considera "agresiva" para el entorno. Finalmente, destacó que ha recibido el apoyo de numerosos colegas y sectores de la sociedad civil que se sumaron al reclamo. "No podemos hacer la vista gorda; en un Estado de Derecho existen normas que todos debemos acatar para no vivir en un caos", concluyó la abogada.
