El clima político y social en Bolivia ha regresado a un punto de quiebre este lunes. El juicio oral contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) por presunta trata agravada de personas quedó formalmente suspendido luego de que el tribunal de la ciudad de Tarija lo declarara en rebeldía. Ante su ausencia y la de sus abogados en el inicio del proceso, la Justicia dictó órdenes de captura y arraigo para impedir que abandone el país.
El fiscal del caso, Luis Gutiérrez, confirmó que la audiencia se instaló a las 8:30 hora local sin rastros de la defensa privada del exlíder cocalero. "El juicio queda suspendido mientras comparezcan o se haga comparecer, por la fuerza pública, a los acusados", explicó Gutiérrez, delegando en la Policía Nacional la responsabilidad de ejecutar la detención.
Denuncias de persecución y vicios procesales
Desde La Paz, Wilfredo Chávez, integrante del equipo jurídico de Morales, rechazó la validez de la declaración de rebeldía. Según el abogado, el exmandatario no fue notificado de manera personal sino a través de un edicto judicial, lo que califica como un "vicio de fondo". Asimismo, la defensa sostiene que el proceso ha sido "desempolvado" con fines políticos para mitigar las protestas sociales que enfrenta el actual presidente, Rodrigo Paz.
La acusación contra Morales se centra en una supuesta relación mantenida con una menor de edad en 2016, fruto de la cual habría nacido una hija. La Fiscalía de Tarija asegura contar con más de 170 pruebas, incluyendo 39 testimonios de testigos que comprometerían la situación legal del exgobernante.
El fantasma de la "convulsión" social
La reacción de las bases sociales de Morales no se hizo esperar. Desde el Trópico de Cochabamba, bastión sindical y político donde el expresidente permanece resguardado desde octubre de 2024, los dirigentes advirtieron sobre las consecuencias de una detención. Dieter Mendoza, referente cocalero, aseguró que cualquier intento de operativo policial derivará en una respuesta masiva.
"Si tocan a Evo Morales, el país va a convulsionar como no se imaginan, va a haber insurgencia en el territorio nacional", disparó Mendoza en declaraciones radiales. El dirigente instó a los sectores sociales a permanecer en "estado de alerta máxima".
Cabe recordar que, a finales de 2024, la Policía ya se vio imposibilitada de ingresar a la región del Chapare debido a un bloqueo de carreteras que duró 24 días. En esta oportunidad, el despliegue de cientos de seguidores alrededor del exmandatario sugiere que el cumplimiento de la orden judicial podría desencadenar un nuevo y violento conflicto civil en el corazón de Bolivia.
