El Gobierno nacional reglamentó un nuevo esquema para el cálculo de los aportes sindicales previstos en los convenios colectivos. A partir de la entrada en vigencia del Decreto 612/2026, las horas extra, el aguinaldo, los bonos y otros pagos no habituales dejarán de integrar la base sobre la que se calculan esos aportes.
La medida forma parte de la implementación de la Ley de Modernización Laboral y, según el Poder Ejecutivo, busca unificar criterios sobre qué conceptos deben tomarse en cuenta al momento de liquidar los aportes sindicales previstos en las negociaciones colectivas.
Qué conceptos quedan excluidos
Con la nueva reglamentación, la base de cálculo estará integrada únicamente por el salario básico convencional correspondiente a la categoría del trabajador y por las sumas remunerativas normales, habituales y de pago mensual establecidas en los convenios colectivos.
En consecuencia, ya no se computarán los siguientes conceptos:
- Horas extras.
- Premios y bonos.
- Participación en las ganancias.
- Sueldo Anual Complementario (aguinaldo).
- Plus vacacional.
- Sumas no remunerativas.
- Cualquier otro pago que no sea normal, habitual y mensual.
De acuerdo con el Gobierno, la decisión apunta a evitar interpretaciones diferentes sobre qué conceptos debían integrar la base de cálculo y a brindar mayor previsibilidad en la negociación de futuros convenios.
Más exigencias para los sindicatos
La reglamentación también incorpora nuevas obligaciones de administración y control para las organizaciones sindicales.
En adelante, los fondos que los empleadores aporten con fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales deberán administrarse de manera separada del resto del patrimonio sindical, con registros y documentación diferenciados que permitan una mayor trazabilidad de esos recursos.
Según el decreto, esos aportes solo podrán destinarse a beneficios que alcancen directamente a los trabajadores comprendidos por los convenios colectivos.
Cuándo entra en vigencia
El Decreto 612/2026 comenzó a regir este 20 de julio, tras su publicación en el Boletín Oficial.
En los fundamentos de la norma, el Poder Ejecutivo sostuvo que las modificaciones buscan "brindar certeza respecto del alcance de las disposiciones vigentes y asegurar su adecuada aplicación", además de facilitar el control previo a la homologación de los convenios colectivos.
