Estimado Presidente:
Anoche, mientras cerraba mi jornada de trabajo tras relatar un partido en Radio LV11, llegué a casa, ví las redes y me devolvieron una frase que ya no sorprende, pero sigue encendiendo las alarmas institucionales: “Periodistas de mierda, el 95%”. El autor del tuit fue usted.
Mi primera reacción no fue de enojo, sino un profundo suspiro de agotamiento: “La puta madre, otra vez no. No tenemos un minuto de paz”. Escribo estas líneas por la siesta santiagueña, con el café amargo, repasando los apuntes y antes de salir para la universidad a seguir estudiando, porque en este oficio nunca se termina de aprender. Pero es difícil concentrarse en los libros cuando vivimos en una Argentina donde el Poder Ejecutivo parece habitar permanentemente el borde de un ataque de nervios.
Sé perfectamente que la era del streaming y la dinámica de las redes sociales han flexibilizado las formas del debate público. Pero la institucionalidad de la República que usted representa exige otra altura. En países de la región como México, Venezuela o Colombia, la violencia contra la prensa se sufre en carne propia con amenazas, censura y narcotráfico de por medio. Afortunadamente, nuestro escenario es distinto; es un juego dialectico en el que uno decide si entra o no. Sin embargo, que un mandatario insulte mas de setenta veces no es un cambio de paradigma moderno; es, llanamente, el uso del atril público para intentar disciplinar al que pregunta.
El periodismo no es solo lo que pasa en el puerto
Quiero proponerle una distancia prudencial, Presidente. Toda esta batalla campal que usted libra a diario contra los medios ocurre, casi con exclusividad, en los estudios y las redacciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quienes hacemos periodismo desde el interior del país —los mismos que después de un turno en la radio o en la web nos sentamos en un aula universitaria a rendir materias— miramos ese ring con una mezcla de ajenidad y preocupación. Porque a quienes usted apunta, persigue o defiende en sus tuits, realizan —de mala o buena forma— su trabajo periodístico desde el puerto.
Allá se dirimen las operetas de un lado y del otro, los sobres, los favoritismos y las pautas encubiertas. En las provincias, el oficio es otra cosa. Aquí nos cruzamos al intendente, al ministro provincial o al comerciante en el almacén de la esquina. Aquí la grieta porteña nos queda lejos, pero sus consecuencias nos pegan cerca. No hacemos un corporativismo ciego ni nos cortamos las venas por la profesión; sabemos perfectamente que en nuestro rubro, como en la política, hay gente honesta y deshonesta. Pero meter a todo el periodismo del país en la misma bolsa desde un despacho en Balcarce 50 es, además de injusto, una muestra de profundo desconocimiento federal.
Su última cruzada oficial acusa a la prensa de montar una “operación política e infame” para destruir la reputación de sus aliados políticos, colgándose de las novedades judiciales de un polémico empresario en Estados Unidos. Pero el archivo —ese juez implacable que los periodistas custodiamos— demuestra que a la política no la bajan los titulares de los diarios. Las candidaturas y las reputaciones se desmoronaron solas en su momento porque las propias estructuras defensivas de los dirigentes no pudieron sostener el peso de la realidad.
Pretender que el periodismo tenga la culpa de los tropiezos ajenos, o de que sus funcionarios públicos deban rendir cuentas minuciosas sobre sus declaraciones juradas y sus gastos, es de una precariedad argumental alarmante. El rol de la prensa libre no es aplaudir las versiones oficiales ni “mover la cola” cada vez que la Casa Rosada emite un relato con datos que no cierran porque no coinciden con la realidad. El silencio y la sumisión son los síntomas de una democracia enferma, no de una sociedad libre.
Lo más insólito de esta dinámica de la agresión permanente es que su propio Gobierno termina boicoteando su agenda. El relato oficial se pierde en la defensa de nombres propios y en el maltrato hacia profesionales de la comunicación —llegando al extremo de utilizar descalificaciones personales e inadmisibles hacia periodistas mujeres—, tapando las noticias que verdaderamente le importan al bolsillo de la gente.
Mientras el debate público se ensucia en las redes, la macroeconomía empieza a mostrar datos reales que su propia administración debería estar blindando: una inflación proyectada a la baja en torno al 2,6%, la recaudación de mayo en franca mejoría, un repunte en la actividad de la industria y la construcción, y una mega inversión histórica de YPF por 25.000 millones de dólares. Es una paradoja de la política actual: su gestión prefiere el barro del tuit antes que el brillo de sus propios logros económicos.
La Argentina real, la que late más allá de la General Paz, viaja hoy en transportes públicos que acaban de aumentar, sufre la crisis de las economías regionales, el conflicto vecinal en las fronteras y hace malabares con sueldos pulverizados. Es la Argentina de los laburantes, de los profesionales y de los estudiantes universitarios que hacemos malabares para llegar a fin de mes. En este contexto, que la máxima autoridad del país viva en un estado de campaña electoral permanente, pensando ya en las próximas elecciones y en las que vendrán después, solo le suma neurosis a un país que ya camina con el pulso acelerado.
Un Jefe de Estado no es un influencer buscando interacciones; representa la institucionalidad de la República. Sus gestos y su vocabulario bajan una línea directa a toda la sociedad, no solo a sus seguidores de X. Si de verdad queremos salir de este bucle de confrontación, la serenidad debe arrancar por la cabeza del Estado.
El periodismo va a seguir estando acá: preguntando, investigando, incomodando y estudiando en cada rincón del país, porque de eso se trata nuestro trabajo. De usted depende decidir si quiere gestionar la realidad de los ciudadanos o seguir peleando contra fantasmas en una pantalla para que la Argentina, de una vez por todas, deje de ser un país al borde de un ataque de nervios.
Atentamente
Gabriel Alvarez
Periodista
