El caso Fürth sumó un nuevo capítulo apenas después de que la Justicia rechazara las prisiones preventivas y permitiera que los principales imputados continúen el proceso en libertad. La Fiscalía apeló la decisión del juez de Control y Garantías Gastón Merino y pidió que sea revisada por la Cámara de Apelación y Control en lo Penal.
El recurso fue presentado por la fiscal auxiliar Victoria Ledesma y cuestiona los fundamentos utilizados para disponer la libertad de Gerardo Caro, Matías Llado y Graciela Moyano, quienes quedaron sujetos a cauciones reales y distintas reglas de conducta.
El planteo fiscal se concentra fundamentalmente en la valoración de la figura provisoria de asociación ilícita y en los riesgos de entorpecimiento de la investigación.
Las contradicciones que señala la Fiscalía
Según sostiene Ledesma en su presentación, la resolución habría reconocido la existencia de elementos que indicarían una posible actuación coordinada entre distintas personas y la eventual distribución de funciones, pero luego esos mismos indicios no habrían sido considerados suficientes al analizar la calificación provisoria de asociación ilícita.
Para la Fiscalía, existe allí una contradicción que deberá ser revisada por la Cámara.
La investigación se inició en julio a raíz de una denuncia por presuntas maniobras fraudulentas en perjuicio de Fürth Automotores. Entre otras cuestiones, se analizan operaciones comerciales que presuntamente no habrían sido registradas correctamente, pagos cuyo destino está bajo investigación y entregas de vehículos que, según la hipótesis fiscal, no contarían con suficiente respaldo documental.
Las imputaciones y calificaciones son provisorias y las responsabilidades penales todavía no fueron determinadas.
Pericias y testimonios que todavía están pendientes
Otro punto central de la apelación está relacionado con el supuesto riesgo de entorpecimiento.
La Fiscalía remarcó que la investigación continúa abierta y que todavía debe realizarse una pericia contable, además de profundizar el análisis de las operaciones comerciales y patrimoniales investigadas.
También quedarían pendientes declaraciones de empleados, clientes y eventualmente otras personas vinculadas con las operaciones que forman parte del expediente.
De acuerdo con el recurso, el hecho de que los imputados ya no trabajen en la empresa no sería suficiente para descartar una eventual influencia sobre personas con las que mantuvieron vínculos durante su paso por la firma.
La presentación cuestiona además que no se habría explicado suficientemente por qué las cauciones y las restantes reglas de conducta resultarían suficientes para preservar la producción de esas pruebas.
La Fiscalía mencionó pedidos de detención contra otras dos personas
La apelación incorpora además un dato relevante sobre el avance de la investigación.
Según la presentación fiscal, fueron solicitadas las detenciones de otras dos personas por su presunta vinculación con la hipótesis de asociación ilícita. Esos pedidos, de acuerdo con el recurso, todavía no habían sido resueltos al momento de realizarse la presentación.
El dato es utilizado por el Ministerio Público Fiscal para sostener que la investigación permanece activa y todavía existen medidas relevantes pendientes.
Ahora deberá resolver la Cámara
Con la apelación presentada, la discusión sobre la situación procesal de los imputados pasa ahora a una instancia superior.
La Cámara deberá analizar los cuestionamientos formulados por la Fiscalía y determinar si la decisión adoptada por Gastón Merino estuvo suficientemente fundamentada respecto de la calificación legal provisoria, los riesgos procesales y las medidas alternativas a la prisión preventiva.
La presentación no determina la culpabilidad de Caro, Llado ni Moyano, sino que cuestiona la decisión que les permitió continuar el proceso en libertad mientras avanza la investigación.
En la resolución apelada, Caro y Llado quedaron sujetos a cauciones reales de $70 millones cada uno, mientras que para Moyano se estableció una de $20 millones, además de otras restricciones.
