La causa judicial por la presunta estafa vinculada con la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo. La Cámara Federal de Casación Penal habilitó la revisión de recursos presentados por siete inversores que buscan participar como querellantes en la investigación. La decisión podría abrir la posibilidad de cuestionar los sobreseimientos de 11 imputados, entre ellos el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La resolución fue adoptada por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que hizo lugar a un recurso de queja presentado por dos ciudadanos bielorrusos cuyos pedidos para incorporarse al expediente habían sido rechazados anteriormente.
Se trata de Lapchenko Vladislav Andreevich y Krasutskaya Sviatlana Vitalievna, quienes solicitaron ser reconocidos como querellantes para intervenir formalmente en las actuaciones.
El pronunciamiento no implica que hayan sido incorporados automáticamente a la causa ni que la investigación haya sido reabierta. Sin embargo, permite que sus planteos sean examinados por el tribunal.
Qué resolvió Casación y por qué podría cambiar el rumbo del expediente
La decisión fue tomada por mayoría, con los votos de los jueces Alejandro W. Slokar y Ángela E. Ledesma, mientras que Guillermo J. Yacobucci se pronunció en disidencia.
En su voto, Slokar consideró que los cuestionamientos formulados por los recurrentes podían encuadrarse dentro de las causales previstas en el artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación.
Por ese motivo, entendió que correspondía habilitar el tratamiento del recurso.
Ledesma acompañó esa posición al considerar que los argumentos presentados planteaban una cuestión federal suficiente para permitir la intervención de Casación.
En cambio, Yacobucci sostuvo que el recurso de queja debía declararse inadmisible, con imposición de costas.
Además, el tribunal dispuso recaratular el expediente como recurso de casación, emplazar a las partes y solicitar el pase digital de las actuaciones.
De esta manera, quedó habilitado el procedimiento para analizar si corresponde reconocer a los dos inversores como parte querellante.
La resolución representa un avance procesal para los reclamantes, aunque todavía resta una decisión sobre el fondo de sus pedidos.
Otros cinco inversores buscan regresar a la causa $LIBRA
En un expediente relacionado, Casación también habilitó la revisión de los planteos de otros cinco inversores que habían sido aceptados inicialmente como querellantes, pero posteriormente quedaron excluidos de la investigación.
Se trata de Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo.
Según la información difundida, los cinco habían obtenido autorización para intervenir en el proceso judicial hasta que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió apartarlos.
La medida se produjo después de que el magistrado aceptara un planteo presentado por Mauricio Novelli, señalado en la investigación por su vinculación con el lanzamiento de la criptomoneda.
A partir de esa decisión, los inversores perdieron su condición de querellantes y, con ella, la posibilidad de intervenir en determinadas actuaciones del expediente.
Ahora buscan recuperar ese reconocimiento para poder cuestionar las resoluciones judiciales que dispusieron los sobreseimientos de los 11 imputados.
Entre las personas alcanzadas por esas decisiones figuran Javier Milei y Karina Milei, por lo que una eventual reincorporación de los reclamantes podría permitir la presentación de recursos contra esos pronunciamientos.
No obstante, la Cámara de Casación todavía debe resolver si corresponde admitirlos como querellantes, un paso necesario antes de que puedan avanzar con las impugnaciones que pretenden presentar.
El caso $LIBRA, que generó repercusiones políticas y judiciales por la participación del mandatario en la difusión del criptoactivo, permanece así sujeto a nuevas definiciones procesales.
La decisión de Casación no revoca los sobreseimientos ni determina responsabilidades penales, pero habilita una instancia que podría modificar el escenario judicial si los inversores consiguen recuperar su participación en la causa.
