La causa judicial por el caso PETA, que provocó una fuerte repercusión en Santiago del Estero y dejó numerosos damnificados, podría ingresar en una nueva etapa. El abogado penalista Jorge Antonio Miguel, defensor de César Daniel Pineda, reveló en una entrevista exclusiva con Actualidad Política, por Radio LV11, que su representado declaró por primera vez después de varios años y que la defensa busca incorporar nuevos elementos para esclarecer el funcionamiento de la plataforma y el destino del dinero invertido.
Durante la conversación con Ariel Sequeira y Gabriel Álvarez, el letrado explicó que el Ministerio Público Fiscal prevé realizar una audiencia vinculada con la elevación de la causa a juicio, en la que se analizará la situación procesal de los imputados.
En ese contexto, señaló que Pineda se presentó ante la Fiscalía y brindó su versión de los hechos.
“El señor Pineda ha roto el silencio, ha hablado y ha declarado por primera vez después de tantos años”, afirmó Miguel.
El abogado consideró que esta declaración puede resultar favorable tanto para la estrategia de su defendido como para el avance de la investigación.
“Nosotros como defensa entendemos que esto es muy beneficioso para mi cliente y para la investigación penal también”, sostuvo.
El contrato con Lina y Emili, los dos bots que mencionó la defensa
Uno de los aspectos más llamativos de la entrevista fue la revelación de un documento que, según el penalista, vincularía a Pineda con Lina y Emili, dos supuestos bots que operaban dentro de la plataforma PETA.
Miguel aseguró que tiene en su poder un contrato denominado “PETA Partner Contract”, en el que figurarían los nombres de estos dos operadores automatizados.
“Estamos incorporando un contrato, fíjese usted, un contrato firmado entre mi cliente y dos robots”, manifestó el abogado durante la entrevista.
De acuerdo con su explicación, Lina y Emili serían los dos bots con los que Pineda habría establecido ese acuerdo, en el marco de su participación en el sistema de inversiones.
El defensor sostuvo que, a través de estos supuestos operadores, su representado recibía instrucciones para realizar videos promocionales e incorporar nuevos participantes a la plataforma.
Según su versión, también existían advertencias sobre la posibilidad de perder el acceso a su cuenta y a sus ahorros si no cumplía con esas exigencias.
“Lo que hacían estos robots o bots [...] era prácticamente obligar a mi cliente a hacer videos, a ingresar gente, bajo la amenaza de que si no lo hacía, se le cerraba la cuenta y perdía todos sus ahorros”, expresó.
Miguel consideró que este documento podría aportar elementos para determinar quiénes se encontraban detrás del funcionamiento de PETA y cuál era el verdadero grado de responsabilidad de su defendido.
No obstante, la existencia del contrato, su autenticidad y la identidad de quienes controlaban a Lina y Emili deberán ser examinadas por la Justicia. Hasta el momento, se trata de información aportada por la defensa.
El abogado también sostuvo que Pineda habría sido engañado por quienes administraban la plataforma.
“Mi cliente es uno más de los estafados”, afirmó.
Sin embargo, al ser consultado sobre las pérdidas económicas de su representado, reconoció que Pineda consiguió retirar dinero antes del colapso de PETA.
“Pineda, vamos a decir que ha salido empatado en esto. ¿Por qué? Porque él ha logrado realizar una extracción antes de que caiga PETA”, explicó.
El defensor insistió en que, para atribuirle responsabilidad penal por una presunta estafa, la acusación debe acreditar que actuó con conocimiento e intención de engañar a otras personas.
“Si el Ministerio Público Fiscal quiere probar dolo por parte de mi cliente, tiene que probar que él ha hecho ingresar a alguna persona con la intención de estafarlo”, argumentó.
Nuevos nombres y el interrogante sobre el destino del dinero
Otro de los puntos centrales de la conversación estuvo relacionado con la identificación de las personas que habrían intervenido en la llegada y expansión de PETA en Santiago del Estero.
Miguel mencionó a Diego Paz como la persona que, según la versión de su defendido, habría incorporado a Pineda a la plataforma.
El abogado también hizo referencia a otras personas que, de acuerdo con su planteo, deberían ser convocadas para reconstruir la cadena de incorporación de participantes.
En ese sentido, pidió que la investigación no se concentre únicamente en quienes promocionaban el sistema, sino que también busque identificar a sus organizadores y determinar el recorrido de los fondos.
“Hay que investigar de manera horizontal”, expresó.
Según el letrado, una de las principales herramientas para avanzar sería analizar los movimientos efectuados mediante billeteras virtuales.
“La gente quiere saber dónde está la plata de PETA”, sostuvo.
Consultado sobre la posibilidad de recuperar o localizar esos fondos, respondió afirmativamente y planteó que las operaciones digitales podrían aportar información relevante.
También explicó que la defensa intentó obtener datos de un grupo de Telegram utilizado por participantes de la plataforma, aunque, según relató, no fue posible concretar la extracción de información mediante el procedimiento realizado.
Ante esa situación, indicó que buscarán aportar los datos disponibles a través de un dispositivo de almacenamiento digital.
Miguel sostuvo que el análisis de los movimientos financieros podría permitir identificar a quienes recibieron mayores cantidades de dinero.
“La plata no está en la chatura de la pirámide. La plata está arriba”, afirmó.
Y explicó su razonamiento: “El que ingresa primero gana más dinero. El que ingresa después gana menos. Entonces la plata está arriba en la pirámide”.
Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis de la defensa y no constituyen, por sí mismas, una conclusión judicial sobre el destino de los fondos.
La audiencia prevista para noviembre y la situación de Pineda
Durante la entrevista, el abogado anticipó que se espera una audiencia durante noviembre, vinculada con el avance procesal de la causa.
Miguel se mostró optimista respecto de la situación de su defendido y consideró que los elementos aportados permitirían cuestionar la acusación.
Incluso afirmó: “Mi cliente yo lo tengo sobreseído prácticamente”, aunque se trató de una valoración personal del letrado y no del anuncio de una resolución judicial.
El defensor señaló que aguardará el desarrollo de la audiencia para conocer cómo continúa la investigación y qué decisiones se adoptan respecto de los imputados.
En la parte final de la conversación, insistió en que el objetivo debe ser determinar quiénes recibieron el dinero de los inversores y establecer las responsabilidades que correspondan.
La causa PETA continúa generando interés entre los santiagueños que resultaron perjudicados por el funcionamiento de la plataforma.
En ese escenario, las declaraciones de Jorge Antonio Miguel incorporan la postura de la defensa de César Daniel Pineda, mientras permanece abierto uno de los principales interrogantes del caso: qué ocurrió con el dinero aportado por los damnificados y si será posible reconstruir su recorrido a través de la investigación judicial.
