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Caso San Francisco de Asís: siete preguntas sin respuestas y una preocupante manera de eludir las explicaciones

El Colegio San Francisco de Asís respondió formalmente al pedido de información del Multimedio Nuevo Diario, LV11 y Multistream, pero evitó contestar siete interrogantes concretos sobre su actuación ante un episodio de presunta violencia sexual entre adolescentes.

Caso San Francisco de Asís: siete preguntas sin respuestas y una preocupante manera de eludir las explicaciones
El Colegio San Francisco de Asís respondió al requerimiento presentado por Nuevo Diario, LV11 y Multistream, aunque no precisó qué actuaciones institucionales desarrolló ante el episodio denunciado.

El Colegio San Francisco de Asís respondió formalmente al pedido de información del Multimedio Nuevo Diario, LV11 y Multistream, pero evitó contestar siete interrogantes concretos sobre su actuación ante un episodio de presunta violencia sexual entre adolescentes. Amparándose en la protección de los menores, las autoridades recurrieron a argumentos legales que no explican por qué se niegan a brindar información estrictamente institucional. El silencio sobre las medidas adoptadas deja más preguntas que certezas.

Hay respuestas que, por su contenido, terminan generando más interrogantes que aquellos que pretendían despejar. La remitida por las autoridades del Colegio San Francisco de Asís de Santiago del Estero constituye un ejemplo de ello.

El pasado 6 de noviembre, el Multimedio Nuevo Diario, LV11 y Multistream, a través de su coordinador general, Xavier María Ferrera Peña, presentó una solicitud formal de información dirigida a las autoridades del establecimiento y a la Provincia Franciscana de la Asunción, congregación responsable de la institución educativa.

El propósito era claro: conocer qué actuaciones institucionales se habían desarrollado ante un episodio de presunta violencia sexual entre adolescentes, ocurrido frente al establecimiento y que habría dado lugar a una denuncia judicial.

No se solicitaron nombres de menores, testimonios, imágenes, actuaciones judiciales reservadas ni información que pudiera comprometer la intimidad de los involucrados.

Se formularon siete preguntas precisas, vinculadas exclusivamente con las responsabilidades educativas, los protocolos de actuación, la prevención y la protección de los estudiantes.

La respuesta llegó el 17 de noviembre, suscripta por la representación legal y el equipo directivo del colegio.

Respondieron la nota, pero no respondieron las preguntas.

Y esa diferencia, lejos de ser una cuestión meramente formal, constituye el núcleo del problema.

SIETE PREGUNTAS QUE SIGUEN ESPERANDO RESPUESTA

Conviene recordar exactamente qué se preguntó y qué información continúa pendiente.

1. ¿QUÉ MEDIDAS INSTITUCIONALES ADOPTÓ EL COLEGIO?

Se solicitó conocer las actuaciones, intervenciones o decisiones dispuestas a partir del conocimiento de los hechos.

No se informó ninguna medida concreta ni se aclaró si existieron actuaciones institucionales.

2. ¿SE ACTIVARON LOS PROTOCOLOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTES?

Se preguntó si se habían aplicado los procedimientos previstos ante situaciones de presunta violencia o vulneración de la integridad sexual entre adolescentes y qué autoridades participaron.

El colegio no confirmó ni negó la activación de esos protocolos.

3. ¿QUÉ MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CONTENCIÓN SE IMPLEMENTARON?

Se requirió información sobre las acciones destinadas a preservar la integridad física y emocional de los estudiantes y garantizar un ambiente educativo seguro.

La respuesta se limitó a expresar un compromiso general con el cuidado de los alumnos, sin describir acciones concretas.

4. ¿SE DIO INTERVENCIÓN A LOS ORGANISMOS COMPETENTES?

Se solicitó conocer si las autoridades escolares dieron intervención o colaboraron con organismos educativos, de protección de derechos o judiciales.

La institución respondió que las investigaciones corresponden a las autoridades competentes, pero no aclaró si realizó alguna comunicación o intervención.

5. ¿QUÉ PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL DESARROLLA EL ESTABLECIMIENTO?

Se preguntó por las políticas preventivas, los programas de Educación Sexual Integral, las actividades de concientización y los mecanismos de acompañamiento.

No hubo una sola explicación concreta sobre estas políticas educativas.

6. ¿SE INFORMÓ A LOS PADRES Y TUTORES?

Se solicitó conocer si las familias recibieron información general sobre las medidas preventivas y de contención, preservando la identidad de los adolescentes.

El colegio tampoco respondió esta pregunta.

7. ¿CUÁL ES LA POSICIÓN OFICIAL DEL COLEGIO Y DE LA CONGREGACIÓN FRANCISCANA?

Se requirió una reflexión institucional sobre lo ocurrido, considerando los principios éticos, educativos y cristianos que orientan la formación de los estudiantes.

La respuesta no ofreció una valoración específica y tampoco permitió conocer si la Provincia Franciscana de la Asunción había adoptado una posición propia.

Siete preguntas. Siete oportunidades para explicar. Ninguna respuesta concreta.

CUANDO LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES SE CONVIERTE EN EL ARGUMENTO PARA NO INFORMAR

La institución fundamentó su negativa en la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Nadie puede discutir la necesidad de preservar la intimidad, el honor, la dignidad y la imagen de los menores.

Mucho menos un medio de comunicación que, precisamente por reconocer esas garantías, excluyó expresamente de su solicitud cualquier información personal o judicial reservada.

Pero existe una diferencia que las autoridades del establecimiento parecen haber pasado por alto.

Proteger la identidad de un adolescente no es lo mismo que mantener en reserva toda explicación sobre la actuación de una institución educativa.

La Ley 26.061 protege derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. No establece, por sí misma, una prohibición general de informar sobre programas educativos, protocolos de prevención o políticas institucionales que puedan comunicarse sin revelar datos protegidos.

Invocar una norma jurídica no basta para demostrar que cada una de las preguntas formuladas resulta imposible de responder.

Habría sido razonable que el colegio explicara qué información consideraba reservada, por qué motivo y cuáles de los requerimientos podían contestarse sin afectar derechos.

No lo hizo.
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En cambio, optó por una negativa general, acompañada de advertencias sobre los riesgos de la difusión periodística.

Una respuesta que resulta particularmente llamativa cuando el pedido original ya había establecido expresamente su compromiso con la protección de los adolescentes.

EL HECHO OCURRIÓ FUERA DEL COLEGIO. ¿Y DESPUÉS QUÉ?

Otro argumento utilizado por las autoridades fue que el episodio se produjo fuera del ámbito escolar.

Es una precisión que puede tener relevancia jurídica, pero que no resuelve las preguntas planteadas.

Nadie pretendió que el colegio sustituyera a la Justicia, investigara delitos o determinara responsabilidades penales.

Lo que se preguntó fue qué hizo la institución después de tomar conocimiento de una situación que involucraba a sus estudiantes.

Porque una cosa es la responsabilidad por un hecho ocurrido en la vía pública y otra, muy distinta, es la actuación educativa que pudiera corresponder posteriormente.

La función de una escuela no se agota en impartir conocimientos dentro de cuatro paredes. Comprende también la formación, la prevención, la convivencia y la protección de los derechos de sus estudiantes, dentro de las competencias y obligaciones que establece la normativa.

¿Se evaluó la aplicación de algún protocolo? ¿Se consideraron medidas preventivas? ¿Se ofreció acompañamiento? ¿Se comunicó alguna decisión general a las familias?

No sabemos.

Y no lo sabemos porque el colegio decidió no brindar esa información en su contestación.

UNA INSTITUCIÓN FRANCISCANA Y EL DEBER DE DAR EXPLICACIONES

Existe, además, una dimensión ética que no puede soslayarse.

El Colegio San Francisco de Asís desarrolla su actividad educativa bajo una identidad religiosa y una propuesta formativa inspirada en principios cristianos y franciscanos.

Esos valores, asociados a la dignidad humana, la solidaridad, el respeto y el cuidado de las personas, otorgan particular relevancia a la manera en que una institución responde frente a situaciones sensibles que afectan a su comunidad.

No se trata de exigir declaraciones que comprometan una investigación judicial ni de formular juicios anticipados.

Se trata de algo mucho más elemental: explicar, dentro de los límites legales, cómo se ejercen las responsabilidades institucionales.

La Provincia Franciscana de la Asunción también fue destinataria del requerimiento formal.

Sin embargo, la contestación recibida no permite distinguir una posición específica de la congregación religiosa ni aclarar si sus autoridades participaron en la elaboración de la respuesta.

Resulta legítimo preguntarse si la responsabilidad educativa y el compromiso ético que se proclaman en la formación de los alumnos no deberían traducirse también en una comunicación institucional clara, prudente y responsable.

EL PERIODISMO NO PIDE PERMISO PARA PREGUNTAR

La respuesta del colegio incluyó advertencias sobre la difusión de información sensible, registros audiovisuales y posibles situaciones de revictimización.

Son preocupaciones legítimas.

Pero conviene recordar que el ejercicio del periodismo también cumple una función social: formular preguntas de interés público, procurar información verificable y permitir que las instituciones expresen su posición.

Preguntar no significa acusar. Solicitar información no implica desconocer derechos.

Y requerir explicaciones institucionales no equivale a interferir en la Justicia.

Por supuesto, el derecho a la información no elimina las reservas legales ni convierte automáticamente a todo establecimiento privado en sujeto obligado por cualquier régimen de acceso a la información pública.

Pero tampoco transforma una consulta periodística respetuosa en una conducta improcedente.

Las instituciones pueden establecer límites fundados a la información que proporcionan. Lo que resulta cuestionable es responder con generalidades cuando se han formulado preguntas específicas que, al menos parcialmente, podrían admitir contestaciones sin identificar a ningún menor.

UNA RESPUESTA QUE DEJA MÁS DUDAS QUE CERTEZAS

Es necesario establecer una distinción fundamental.

Que el colegio no haya informado sobre medidas institucionales no significa que esas medidas no existieran.

Que no haya confirmado la activación de protocolos no demuestra que los haya omitido.

Y que no haya explicado su comunicación con las familias tampoco permite afirmar que esa comunicación no se produjo.

Sería irresponsable presentar esas posibilidades como hechos acreditados.

Pero también sería equivocado confundir la ausencia de explicaciones con una respuesta satisfactoria.

La falta de información no demuestra una omisión institucional, pero impide conocer y evaluar públicamente qué actuaciones se desarrollaron.

Y cuando se trata de la protección de niños y adolescentes, la claridad institucional adquiere una importancia que excede cualquier diferencia con un medio de comunicación.


EL SILENCIO NO DEBERÍA SER LA RESPUESTA

El Colegio San Francisco de Asís tuvo la oportunidad de responder siete preguntas formuladas de manera respetuosa, concreta y expresamente limitada por la protección de los derechos de los menores.

Eligió una contestación general que no despejó ninguno de esos interrogantes.

Desde nuestra perspectiva, esa actitud constituye una forma de eludir las explicaciones institucionales solicitadas por el periodismo.

No sabemos qué actuaciones se realizaron. No sabemos qué protocolos se aplicaron. No sabemos qué medidas de protección se adoptaron. Tampoco conocemos si las familias recibieron información preventiva ni cuál fue la posición específica de la congregación franciscana.

Y es precisamente esa falta de respuestas la que justifica mantener abiertas las preguntas.

Porque las instituciones educativas no solamente transmiten conocimientos. También enseñan, a través de sus propias conductas, el significado de la responsabilidad, la transparencia, el respeto y el compromiso con los demás.

Ojalá que la misma actitud evasiva que exhibieron y mantienen frente al pedido de explicaciones formulado por este multimedio no se reproduzca en el trato con quienes verdaderamente ocupan el centro de esta preocupación: los padres, los niños y adolescentes, y las autoridades judiciales competentes.

No afirmamos que ello haya ocurrido. Esperamos, precisamente, que no ocurra.

Porque una institución educativa puede legítimamente guardar reserva sobre información protegida. Lo que no debería hacer es convertir esa reserva en una respuesta universal frente a cualquier pregunta sobre su responsabilidad institucional.

La Justicia deberá cumplir su función. Los derechos de los menores deberán ser preservados sin excepciones. Y las familias merecen la tranquilidad de saber que las instituciones responsables de educar y proteger a sus hijos actúan con la seriedad, la sensibilidad y el compromiso que las circunstancias exigen.

Esa es, finalmente, la explicación que sigue faltando.

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