El caso que involucra a estudiantes del colegio San Francisco de Asís continúa generando preocupación en Santiago del Estero y abrió un fuerte debate sobre la responsabilidad de las instituciones educativas, la protección de los menores y la respuesta de los organismos competentes. En ese contexto, el abogado penalista Jorge Antonio Miguel visitó los estudios de Radio LV11 y lanzó durísimos cuestionamientos durante una entrevista en Actualidad Política. “No se metan con los chicos”, advirtió, al reclamar que los adultos asuman su responsabilidad y que las medidas adoptadas no terminen perjudicando nuevamente a los adolescentes involucrados.
El episodio tomó estado público después de la difusión de un video de contenido sexual que involucra a menores de edad, registrado en inmediaciones del Parque Aguirre, fuera del establecimiento educativo.
La circulación de esas imágenes y los interrogantes sobre el abordaje institucional motivaron una serie de consultas periodísticas acerca de los protocolos de actuación, la asistencia brindada a los estudiantes y la intervención de los organismos de protección.
Fue precisamente sobre esos puntos donde Miguel concentró sus cuestionamientos.
Durante la conversación con Gabriel Álvarez y Ariel Sequeira, el abogado sostuvo que proteger la identidad de los menores no debería impedir que una institución explique qué medidas generales adoptó frente a una situación de semejante gravedad.
“Utilizaron una ley que protege a los niños para no contestar”
Uno de los momentos más contundentes de la entrevista llegó cuando el penalista se refirió a la respuesta del establecimiento ante las preguntas formuladas por el periodismo.
Miguel cuestionó que se invocara la Ley 26.061, que garantiza la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para justificar la falta de información institucional.
“La institución franciscana directamente ha utilizado una ley que protege a los niños para no contestar”, afirmó.
El abogado explicó que los derechos a la intimidad y a la dignidad de los estudiantes deben ser respetados, pero consideró que las consultas realizadas no buscaban conocer identidades ni detalles privados, sino establecer qué procedimientos se pusieron en marcha.
“Estamos buscando la no revictimización de los chicos, estamos buscando el interés superior del menor, estamos buscando que se activen los protocolos de actuación que tienen las instituciones educativas de la provincia”, remarcó.
En ese sentido, planteó un interrogante central: ¿qué hizo la institución para acompañar y proteger a los estudiantes después de conocerse lo ocurrido?
Miguel sostuvo que la falta de respuestas públicas sobre esas actuaciones alimenta la preocupación de las familias.
“Todo este hermetismo llama muchísimo la atención”, expresó.
También calificó la postura institucional como una manera de “lavarse las manos”, una expresión con la que manifestó su desacuerdo con el abordaje público del caso.
Sus críticas, sin embargo, no permiten establecer por sí solas que el colegio haya incumplido los protocolos correspondientes, una cuestión que requiere información oficial y la intervención de los organismos competentes.
“¿Qué estamos esperando, una muerte?”
El tono de la entrevista se volvió todavía más firme cuando la conversación giró hacia la prevención de situaciones de violencia, amenazas, acoso y posibles vulneraciones de derechos entre estudiantes.
Ante las hipótesis planteadas durante el programa, Miguel insistió en que no se debe esperar a que ocurra una tragedia para fortalecer los mecanismos de protección.
“¿Qué estamos esperando? ¿Una muerte? ¿Qué estamos esperando para que se activen los protocolos de prevención?”, lanzó.
Con esa advertencia, el penalista buscó poner el foco en las consecuencias que puede tener una intervención tardía frente a situaciones que involucran a niños y adolescentes.
También señaló que las escuelas cuentan con herramientas para identificar conductas preocupantes y que los docentes, junto con los equipos interdisciplinarios, cumplen un papel fundamental en la detección temprana.
Para Miguel, la prevención no puede quedar reducida a una declaración de principios.
El abogado mencionó al Servicio Provincial de Enseñanza Privada (SPEP), al Ministerio de Educación y a los organismos de protección de derechos como actores que, según las circunstancias, deben intervenir para garantizar el acompañamiento correspondiente.
En otro tramo de la entrevista, cuestionó la idea de que el hecho de haberse producido fuera del establecimiento excluya automáticamente cualquier obligación institucional.
Desde su interpretación jurídica, las escuelas también deben prestar atención a situaciones que afecten a sus estudiantes cuando estas puedan comprometer su integridad o su trayectoria educativa.
No obstante, la determinación de responsabilidades concretas depende de las circunstancias acreditadas y de las normas aplicables.
El video, las redes sociales y las preguntas que todavía quedan abiertas
La difusión del material audiovisual fue otro de los puntos que generó preocupación durante la entrevista.
Miguel advirtió sobre los riesgos de la circulación de imágenes íntimas de menores y reclamó que se esclarezcan las circunstancias en las que se produjo la grabación.
Durante el programa se plantearon interrogantes sobre la posible existencia de presiones, amenazas o situaciones de abuso.
Esas posibilidades fueron mencionadas como hipótesis y no como hechos comprobados. Su esclarecimiento corresponde a las autoridades judiciales y a los organismos especializados.
El penalista sostuvo que, frente a una situación de estas características, la prioridad debe ser proteger a los estudiantes y evitar que la difusión del contenido genere nuevas vulneraciones de derechos.
“Aquí tiene que intervenir la DINAF, primero que nada”, manifestó, al referirse a la necesidad de participación de los organismos de protección de la niñez.
También cuestionó el acceso de niños y adolescentes a contenidos para adultos mediante teléfonos celulares y redes sociales.
“El teléfono es un arma destructiva”, expresó, al plantear su preocupación por los riesgos del uso de dispositivos sin acompañamiento adecuado.
Miguel se manifestó a favor de establecer restricciones al uso de celulares por parte de menores y consideró que las familias deben asumir un papel activo en la educación digital.
“Los chicos no deberían ser carne de cañón”
Hacia el final de la entrevista se produjo uno de los intercambios más fuertes.
Los conductores mencionaron una versión, expresamente presentada como rumor, sobre la supuesta expulsión de uno de los estudiantes involucrados.
La información no fue confirmada durante el programa.
Consultado sobre esa posibilidad, Miguel reaccionó con firmeza y pidió que las consecuencias del episodio no recaigan exclusivamente sobre los adolescentes.
“Bueno, yo les voy a decir a quién tienen que expulsar. A las autoridades del Estado que están permitiendo que pase esto”, expresó.
Y profundizó su postura:
“No se metan con los chicos. Los chicos no son, no digo que no sean responsables, pero no lo deberían ser, no deberían ser carne de cañón, y lo están siendo”.
El abogado cuestionó que una eventual sanción escolar pudiera convertirse en una respuesta que dejara en segundo plano las responsabilidades de los adultos.
“A los chicos hay que decirles esto está mal, pero también hay que asumir nuestro rol”, sostuvo.
Ante la consulta sobre si una eventual expulsión podría constituir una forma de revictimización, Miguel respondió afirmativamente, aunque esa valoración fue formulada sobre una situación hipotética que no había sido corroborada.
Una discusión que va más allá de lo ocurrido
La entrevista dejó planteado un debate que excede el episodio puntual: cómo deben responder las escuelas, las familias y el Estado cuando una situación involucra la intimidad, la integridad y los derechos de menores de edad.
Miguel insistió en que la prevención, la intervención oportuna y el acompañamiento son fundamentales para evitar que los adolescentes queden expuestos a nuevas situaciones de vulnerabilidad.
También reclamó que se brinde información institucional compatible con la protección de la identidad de los estudiantes, para que la comunidad educativa pueda conocer qué herramientas de asistencia están disponibles.
El interrogante que atravesó su intervención fue claro: quiénes deben asumir la responsabilidad de proteger a los menores cuando se produce un episodio de estas características.
En medio de las críticas, las hipótesis y las preguntas todavía abiertas, hay una prioridad que no debería perderse de vista: el esclarecimiento de lo ocurrido debe avanzar sin que los estudiantes vuelvan a ser expuestos, señalados o perjudicados.
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