La audiencia en la que debía debatirse la prisión preventiva de la contadora Nora Isabel Villarroya pasó a un cuarto intermedio en los tribunales capitalinos. Antes de ingresar en la discusión sobre la medida cautelar, la defensa formuló un planteo de incompetencia territorial y solicitó que la causa sea remitida a La Banda.
La presentación fue realizada por el abogado defensor Manuel Zavalía, quien además desistió del hábeas corpus planteado previamente.
El letrado sostuvo que el expediente debería tramitar ante la jurisdicción bandeña debido a que, según su argumentación, allí se encontrarían el patrimonio presuntamente afectado y los domicilios de los damnificados.
Fiscalía rechazó el planteo de la defensa
La fiscal Celia Mussi se opuso al pedido y sostuvo que la investigación debe continuar bajo la actual jurisdicción.
Como fundamento, señaló que las maniobras investigadas habrían sido ejecutadas desde oficinas ubicadas en la ciudad Capital.
Además, Mussi recordó que la propia defensa había intervenido anteriormente ante esta jurisdicción en distintas actuaciones del expediente, entre ellas pedidos de eximición de prisión.
Frente a esa postura, la defensa argumentó que las objeciones relacionadas con la competencia territorial pueden ser planteadas durante distintas etapas del proceso, por lo que mantuvo su solicitud de trasladar el expediente.
El juez deberá resolver dónde continuará la causa
Ante las posiciones contrapuestas, el juez de Control y Garantías Héctor Salomón dispuso pasar a un cuarto intermedio.
La prioridad será resolver qué jurisdicción resulta competente para continuar con la investigación: Capital o La Banda.
Hasta que exista una decisión sobre ese punto, quedó pendiente el debate central que estaba previsto para esta audiencia: el pedido de prisión preventiva contra Villarroya.
Una vez resuelta la cuestión de competencia, podrá determinarse cómo continuará el trámite procesal y, en caso de corresponder, avanzar con la discusión sobre la medida cautelar.
La contadora se encuentra imputada en una investigación en curso, por lo que las eventuales responsabilidades penales deberán establecerse conforme avance el proceso judicial.
