El escenario judicial en torno a una compleja causa penal sumó una presentación clave en los tribunales locales. Ante el Juzgado de Control y Garantías de la Capital, la abogada defensora Moira Curi solicitó formalmente el cese de la prisión preventiva que pesa sobre su asistido, Ramiro Petros, requiriendo además que se ordene su inmediata libertad en el marco del legajo judicial N.º 34901/25, donde el implicado se encuentra imputado por los supuestos delitos de estafa, amenazas y portación ilegítima de arma de fuego de uso civil condicional.
En el escrito presentado ante las autoridades judiciales, la defensa técnica repasó la línea temporal de la detención, detallando que Petros permanece privado de su libertad de manera ininterrumpida desde el pasado 25 de enero de 2026. Asimismo, la letrada recordó que la prisión preventiva actualmente vigente había sido dictada el 6 de mayo último por un plazo de tres meses, por lo que la continuidad de la medida de coerción resulta lesiva para los derechos del imputado.
Para apuntalar el reclamo de libertad, Curi fundamentó que la prórroga de la restricción ambulatoria carece de sustento jurídico en esta instancia del proceso, apuntando contra la viabilidad actual de la medida cautelar.
“La continuidad de la medida cautelar resulta actualmente ilegítima, desproporcionada y carente de fundamentación suficiente”, argumentó la abogada defensora tras asegurar que no existen riesgos procesales concretos, como peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, que justifiquen mantener al acusado tras las rejas.
En otro tramo de la presentación, la defensa remarcó que la prisión preventiva debe aplicarse bajo un criterio de estricta excepcionalidad para no convertirse en una pena anticipada, invocando principios constitucionales, pactos internacionales de derechos humanos y los artículos correspondientes del Código Procesal Penal de la provincia de Santiago del Estero.
Como alternativa al encierro en un establecimiento carcelario, la letrada propuso la aplicación de restricciones menos gravosas para asegurar la sujeción de Petros al proceso, tales como la fijación de un domicilio legal, comparecencias periódicas ante el juzgado, cauciones reales y prohibición de contacto con los denunciantes. Finalmente, el escrito dejó planteada la reserva de recurrir ante las instancias superiores del Poder Judicial provincial y los tribunales federales si el planteo es rechazado, quedando ahora la resolución final en manos del juez de Control interviniente.
PUBLICIDAD
