El frente judicial en torno a la denominada causa Vialidad sumó un nuevo e importante capítulo en los tribunales de Comodoro Py. Tras las disposiciones del Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) tendientes a avanzar con la ejecución patrimonial de la sentencia, el patrocinio letrado de la exmandataria recurrió a la última instancia de apelación del país para poner un freno al avasallamiento de los activos familiares.
A través del escrito presentado por el abogado defensor Carlos Beraldi, se solicitó formalmente que el máximo tribunal de la República revise la validez constitucional de la medida que pesa sobre un conjunto de inmuebles que Cristina Kirchner había cedido oportunamente a sus hijos. La defensa alegó que la resolución vulnera de manera directa el derecho de propiedad y el principio de legalidad, advirtiendo sobre una aplicación "extensiva" e improcedente del instituto del decomiso.
Los argumentos de la defensa y el detalle de los bienes
De acuerdo con lo planteado por el letrado, la disposición judicial afecta de manera arbitraria a bienes de origen lícito sin que medie una plataforma probatoria certera que vincule directamente dichos activos con la maniobra delictiva investigada en el juicio por la obra pública de Santa Cruz. En ese sentido, argumentaron que el patrimonio en cuestión fue consolidado por los padres de Máximo y Florencia mediante operaciones comerciales transparentes y fondos legítimos del ámbito privado.
El paquete de activos que la expresidenta busca blindar judicialmente comprende un total de 19 propiedades ubicadas en el sur del país:
Diez departamentos situados en diferentes puntos estratégicos de la ciudad de Río Gallegos.
Dos viviendas familiares residenciales ubicadas en la capital santacruceña.
Diversos terrenos y parcelas de gran extensión localizados en la cotizada zona de Lago Argentino.
La postura del tribunal oral
En la vereda opuesta, los magistrados del TOF 2 avalaron el requerimiento que había sido impulsado desde el Ministerio Público Fiscal. Los jueces de la causa sostienen que los activos bajo la lupa fueron incorporados al patrimonio familiar de manera contemporánea al período temporal en el que se habrían cometido los delitos de fraude al Estado, justificando la necesidad de asegurar dichos fondos.
Con la presentación de este recurso de queja, la pulseada económica y legal ingresa en un terreno estrictamente técnico. La definición final sobre la titularidad y el destino de los inmuebles quedará exclusivamente en manos de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, quienes deberán dictaminar en los próximos meses si dan lugar a la revisión de la medida o si habilitan el decomiso definitivo solicitado por los fiscales.
