La polémica modalidad de caza mayor con perros de gran porte y remate a cuchillo volvió al centro de la escena judicial luego de que, el pasado 5 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimara un recurso del Ministerio Público de la Defensa de La Pampa y dejara firme la habilitación de esta práctica en el territorio pampeano.
La resolución del máximo tribunal se apoyó en argumentos estrictamente formales y procesales: los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz evitaron pronunciarse sobre si perseguir jabalíes con jaurías y darles muerte con arma blanca constituye o no un acto de maltrato animal, dejando intacta la discusión de fondo.
Cómo es la modalidad de caza con jauría
A diferencia de la caza con armas de fuego, esta técnica se basa en el enfrentamiento físico directo y suele desarrollarse en cuatro instancias:
Rastreo nocturno: comienza cuando los jabalíes salen en busca de agua y perros “punteros” —en muchos casos equipados con collar GPS— siguen el rastro hasta localizar a la presa.
El agarre: intervienen perros de gran porte —como dogos o cruzas con pitbull, mastín o galgo— que sujetan al animal por el cuello, la cabeza y las orejas.
Desgaste físico: dado que un jabalí puede duplicar o triplicar el peso de cada perro, el forcejeo puede extenderse durante horas hasta agotar al animal.
El remate a cuchillo: el cazador sujeta al jabalí desde atrás y lo apuñala en el corazón o le corta la aorta, evitando el uso de armas de fuego por el riesgo de rebotes o de herir a los propios perros.
El impacto del jabalí como plaga y el debate por el maltrato
Introducido en la Argentina a principios del siglo XX en La Pampa para cotos privados, el jabalí europeo no es una especie autóctona, carece de depredadores naturales y está declarado plaga, con expansión en más de diez provincias desde Buenos Aires hasta Santa Cruz. Para los productores rurales, su control resulta urgente por los daños en cultivos de maíz, trigo y soja, la remoción de suelos, eventuales ataques al ganado, la depredación de huevos y crías de fauna nativa, el riesgo sanitario (como triquinosis, leptospirosis, brucelosis y fiebre aftosa) y los peligros de accidentes viales en rutas y caminos rurales.
En sentido opuesto, organizaciones proteccionistas y la defensa pública pampeana sostienen que la condición de plaga no habilita cualquier método y denuncian vulneraciones a la Ley Nacional 14.346 de Maltrato Animal. Advierten sobre el estrés extremo y la agonía prolongada del jabalí, además de los graves riesgos para los perros —expuestos a desgarros o perforaciones pulmonares frente a ejemplares de hasta 130 kilos con colmillos filosos— y para los propios cazadores.
Por qué la Corte cerró el expediente sin resolver el fondo
La contienda judicial se inició en 2022, cuando la defensora oficial Ana Carolina Díaz promovió un amparo para solicitar la inconstitucionalidad del artículo 26 del Decreto 2218/94 y de las normas que habilitaban la caza con jauría. Tras un pronunciamiento inicial favorable en primera instancia, en mayo de 2023 el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa revocó la medida al entender que la Ley Provincial 1194 no prohíbe el uso de perros y que el Poder Ejecutivo podía reglamentar la actividad.
Al revisar el caso el 5 de noviembre de 2026, la Corte Suprema determinó que el planteo no cumplía con los requisitos para habilitar la instancia extraordinaria por cuatro razones centrales:
Cuestionamiento incompleto: la demanda impugnó disposiciones reglamentarias, pero omitió cuestionar la constitucionalidad de la Ley Provincial 1194, norma de fondo que sustenta la regulación.
Derecho local: la interpretación de normas provinciales compete a los tribunales locales, salvo supuestos de arbitrariedad manifiesta que no se tuvieron por acreditados.
Ausencia de cuestión federal directa: la invocación genérica de normas nacionales de protección animal o ambiental no suple la falta de impugnación del marco legal provincial de base.
Alcance de la decisión: el tribunal aclaró expresamente que rechazar el recurso no implica avalar la constitucionalidad de la Ley 1194, aunque en los hechos permite que la actividad continúe vigente mientras persista el debate sobre cómo conciliar el control de especies invasoras y la protección animal.






