El Gobierno de China puso en marcha un ambicioso paquete de reformas para rediseñar el mercado de la vivienda tras la condena a cadena perpetua del fundador de Evergrande, Hui Ka Yan. La iniciativa busca rescatar el modelo inmobiliario que impulsó el crecimiento económico del país, evitando que el colapso del sector comprometa a millones de familias de la clase media.
Entre las medidas más destacadas implementadas por las autoridades de Pekín se encuentran:
Fin del sistema de preventas: Las empresas promotoras deberán construir la estructura principal del edificio antes de venderlo, mientras que el dinero de los compradores permanecerá en cuentas de garantía hasta la entrega de la propiedad.
Nuevas condiciones financieras: Los bancos están autorizados a ofrecer hipotecas de hasta 40 años, créditos de siete años para las desarrolladoras y esquemas de pago a plazos para la adquisición de terrenos.
Desafío demográfico a largo plazo: Aunque los préstamos a 40 años reducen la cuota mensual en el corto plazo, generan dudas sobre la sostenibilidad financiera del país hacia 2066, momento en que se proyecta una fuerte reducción de la población y una elevada tasa de envejecimiento (37,2% de mayores de 65 años).
Signos iniciales de reactivación: Tras la entrada en vigor de las normativas, la agencia estatal Xinhua reportó un incremento del 20% en las transacciones de viviendas de segunda mano en Shenzhen durante los primeros días de septiembre.
Frente al cambio de modelo y la transformación poblacional, el gigante asiático evalúa compensar la desaceleración del consumo interno mediante la automatización industrial y la exportación masiva de tecnologías como automóviles eléctricos, baterías y semiconductores.
