El juicio oral por la denominada Causa Cuadernos registró un severo incidente procedimental cuando la fiscalía citó a declarar a un ciudadano que resultó ser un homónimo del verdadero testigo requerido en el proceso por presunta corrupción pública. El convocado, identificado como Juan Carlos Santos, debió interrumpir un viaje familiar en el extranjero para presentarse ante el Tribunal Oral Federal N°7, donde finalmente se constató el error de identidad.
Las autoridades judiciales buscaban la comparecencia del exsubdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales de la ex-AFIP (actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero - ARCA), quien se desempeñó durante la gestión de Alberto Abad. Sin embargo, las notificaciones oficiales fueron dirigidas a un contador público ajeno a la función pública, quien al inicio de la audiencia manifestó: “Se equivocaron de Juan Carlos Santos”.
Notificación por mensajería y disculpas oficiales
El afectado relató ante los magistrados las circunstancias de su convocatoria, criticando la falta de información por parte de las dependencias judiciales. “Nadie me llamó ni me explicó nada. Me llegó un WhatsApp indicando que me iban a citar. Yo estaba en el exterior con mi hija y me tuve que volver para esto”, declaró el profesional, quien además indicó que al pedir precisiones por vía digital le respondieron que “no le podían aclarar” los motivos.
Tras la ratificación de que el compareciente jamás prestó servicios en el organismo recaudador ni poseía vínculos con los empresarios o exfuncionarios imputados, los miembros del tribunal le pidieron disculpas formales y dispusieron su liberación del acta testimonial. El equívoco demoró el cronograma de audiencias previsto para la jornada en los tribunales de Comodoro Py.
Revelaciones sobre la ruta del dinero de la obra pública
El fallido testimonio se inserta en una etapa del debate oral donde inspectores de la actual ARCA expusieron las maniobras financieras utilizadas por corporaciones constructoras para el desvío de fondos. Los técnicos detallaron que empresas como Isolux, Fainser, Sacde y Esuco conformaban Uniones Transitorias de Empresas (UTE) para recibir anticipos financieros estatales que luego eran derivados a proveedores falsificados o tipificados como "no confiables".
De acuerdo con las actas de inspección incorporadas al debate, los fondos de proyectos viales y energéticos se convertían en divisa extranjera en efectivo o se transferían al exterior. En el caso específico de la Usina Termoeléctrica de Río Turbio, adjudicada a Isolux, los peritos oficiales detectaron que los flujos de capitales estatales fueron triangulados mediante intermediarios en Nueva York hacia cuentas reservadas en la Banca Privada de Andorra.
