El Senado otorgó media sanción al proyecto de Ley de Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el oficialismo que propone modificaciones en distintos aspectos vinculados con los inmuebles, desde los contratos de alquiler hasta las expropiaciones, la regularización dominial y la digitalización de escrituras.
Aunque durante el tratamiento legislativo fueron eliminados algunos de los artículos más controvertidos, la reforma mantiene cambios que podrían modificar la forma en que se tramitan los desalojos y otros procedimientos civiles.
Qué cambia en los desalojos
Uno de los ejes principales del proyecto apunta a agilizar los procesos judiciales para recuperar inmuebles en determinados casos.
Sin embargo, especialistas aclararon que la iniciativa no modifica los procesos penales por usurpación, ya que ese delito continúa regulado por el Código Penal.
El abogado especialista en derecho inmobiliario Enrique Abatti (h.) explicó que la reforma alcanza únicamente a los procesos civiles vinculados con locatarios, sublocatarios, tenedores precarios e intrusos.
Además, recordó que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación rige únicamente en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que cada provincia deberá adecuar su propia legislación procesal si decide adherir.
Se mantiene el plazo para intimar la deuda
Uno de los cambios que finalmente no prosperó fue la reducción del plazo para intimar el pago de un alquiler destinado a vivienda.
De aprobarse la ley tal como salió del Senado, el propietario deberá seguir otorgando 10 días corridos para que el inquilino regularice la deuda antes de iniciar una demanda de desalojo.
En el caso de alquileres comerciales, oficinas o depósitos, ese plazo podrá establecerse libremente en el contrato.
Qué opinan propietarios e inquilinos
Desde la Cámara de Propietarios sostienen que procesos judiciales más rápidos podrían reducir las exigencias que hoy enfrentan quienes buscan alquilar una vivienda.
"Cuanto más simples y breves sean los procesos judiciales, menores serán los requisitos que habitualmente exigen los propietarios", señaló Abatti.
En cambio, desde Inquilinos Agrupados cuestionaron la iniciativa y advirtieron que podría acelerar los desalojos y reducir las posibilidades de defensa de los inquilinos.
Su referente, Gervasio Muñoz, afirmó que el proyecto "profundiza la conflictividad" y sostuvo que muchas familias atraviesan dificultades para afrontar los aumentos de los alquileres.
Otros cambios que incorpora la reforma
Además de los alquileres, el proyecto incluye modificaciones en otros aspectos vinculados con la propiedad privada.
Entre ellos se destacan:
- Procesos de desalojo más ágiles en los casos previstos por la ley.
- Posibilidad de restitución inmediata del inmueble cuando exista tenencia precaria o intrusión debidamente acreditada.
- Notificaciones mediante correo electrónico si así fue pactado en el contrato.
- Obligación del propietario de recibir las llaves cuando el inquilino entregue el inmueble.
- Intervención de organismos estatales antes de concretar desalojos que involucren menores o personas en situación de vulnerabilidad.
- Cambios en el régimen de expropiaciones, exigiendo una justificación específica de utilidad pública y el pago previo de la indemnización.
- Incorporación de documentación digital en los Registros de la Propiedad Inmueble.
- Modificaciones a la denominada Ley Pierri para facilitar la regularización dominial de viviendas ocupadas durante al menos diez años.
Ahora el proyecto deberá ser tratado por la Cámara de Diputados. Solo si obtiene la sanción definitiva estas modificaciones comenzarán a formar parte del régimen legal vigente.
