El escenario de crisis presenta diferentes matices en cada uno de los expedientes bajo análisis. En el primer caso, la ruptura del vínculo ya se consumó y el niño tuvo que ser reintegrado formalmente al sistema público de protección del INAU, luego de que los adultos preadoptantes manifestaran su decisión irrevocable de no continuar.
En el segundo de los casos, la familia ya formalizó la determinación de interrumpir la adopción, aunque las autoridades aún se encuentran definiendo cuál será el destino institucional y el lugar de residencia definitiva de los hermanos involucrados.
Por último, el tercer expediente se mantiene bajo un estricto monitoreo técnico. Los equipos profesionales del INAU trabajan de manera directa con la familia preadoptiva para evaluar si es viable sostener el vínculo o si, por el contrario, será necesario ejecutar una medida de separación definitiva para evitar daños mayores en la criatura.
Revisión de protocolos y detección de fallas
Ante la gravedad de los hechos, la directora de Adopciones del INAU, Nair Ramos, ordenó la revisión integral de los tres expedientes de vinculación.
El trabajo de auditoría busca determinar si existieron falencias graves o criterios inadecuados durante la etapa de evaluación y selección de las familias aspirantes, o si bien omitieron datos relevantes durante los enlaces iniciales que hubieran permitido anticipar las incompatibilidades surgidas.
“Buscamos evaluar en detalle el funcionamiento de todo el proceso de selección y vinculación, manteniendo como prioridad absoluta el bienestar superior, la estabilidad y la protección de los niños y adolescentes”, indicaron desde el organismo, en un hecho que reabre el debate sobre el acompañamiento psicológico y los filtros de idoneidad en el sistema adopción regional.
