Una escalada de violencia e indignación social mantiene en vilo al estado de Bengala Occidental, en el noreste de la India. Las manifestaciones civiles estallaron con dureza tras el hallazgo del cuerpo de una niña de 11 años en un estanque a las afueras de Calcuta, confirmándose mediante autopsia que la menor fue violada y arrojada al agua con vida dentro de un saco.
El aberrante crimen provocó la reacción descontrolada de los residentes locales, quienes atacaron a pedradas a las fuerzas de seguridad y provocaron destrozos en los comercios. En medio de la furia vecinal, una turba asesinó a golpes a un hombre de 26 años, a quien acusaban erróneamente de ser el autor del hecho; posteriormente, la policía constató que el fallecido era completamente inocente.
La tensión institucional escaló al máximo tras la muerte del principal sospechoso oficial del femicidio, identificado como Pravash Mondal. Según el reporte de las fuerzas de seguridad, los agentes abatieron al acusado luego de que este intentara arrebatar un arma reglamentaria para darse a la fuga, un procedimiento que la oposición política calificó inmediatamente como una ejecución sumaria.
Interna política y graves denuncias contra la policía
Los familiares de la víctima denunciaron públicamente el abandono estatal y la inacción de las autoridades durante las primeras horas de la desaparición de la menor. Según expresaron los allegados, los ciudadanos debieron revisar las cámaras de seguridad por su cuenta ante la falta de respuestas operativas de la comisaría local, acusación que la jefatura policial evitó responder ante la prensa.
El trágico escenario reavivó los debates sobre la violencia de género en la región, un ítem crítico desde el crimen de una médica en 2024 que provocó la caída del gobierno anterior. Actualmente, el partido gobernante nacionalista BJP enfrenta duras críticas por el descontrol del orden público y es acusado por sus adversarios de politizar el origen de los involucrados en el caso.
El conflicto adquirió un peligroso tinte interreligioso debido a que la niña asesinada pertenecía a la comunidad musulmana, mientras que los presuntos agresores y el joven linchado por error profesaban el hinduismo. Frente a los choques físicos entre militantes facciosos, el gobierno local decretó la prohibición de asambleas y desplegó tropas paramilitares para frenar la ola de violencia colectiva.
