El juez de Control y Garantías Gastón Merino quedó en el centro de un fuerte cuestionamiento institucional tras rechazar la prisión preventiva para los tres principales imputados en la causa Fürth. El magistrado dispuso la libertad de Gerardo Caro, Matías Lladó y Graciela Moyano bajo cauciones económicas de $70 millones para los dos primeros y de $20 millones para la última, junto a la prohibición de salida del país, en el marco de una causa que investiga un perjuicio cercano a los $7.000 millones.
La resolución judicial generó la inmediata reacción de la Fiscalía y las querellas, quienes denunciaron un grave riesgo para el resguardo de la prueba. Los fiscales Victoria Ledesma y Diego Cortés sostienen la hipótesis de una asociación ilícita con maniobras fraudulentas extendidas entre 2024 y el primer semestre de 2026, por lo que consideran que las sumas fijadas como fianza no garantizan la neutralización de los riesgos procesales ni la eventual fuga de los acusados.
La falta de fundamentación sólida sobre la eximición de prisión reabrió el debate sobre el desempeño del magistrado y el escrutinio público del Poder Judicial. Mientras los damnificados exigen explicaciones ante lo que consideran un fallo desproporcionado frente al volumen económico del caso, el accionar de Merino encendió las alarmas en los tribunales locales, donde sectores vinculados al proceso contemplan solicitar instancias de control institucional sobre su fallo.
