La informalidad y la falta de estabilidad marcan el pulso del mercado de trabajo en la Argentina. Un relevamiento presentado por el Instituto Argentina Grande (IAG), basado en procesamientos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec y registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), reveló que el 45,2% de la población ocupada se encuentra en situación de desprotección laboral, es decir, desempeñando tareas sin aportes jubilatorios, sin capital propio ni continuidad asegurada. En contraposición, el empleo privado protegido abarca al 39% de los trabajadores, mientras que el sector público representa el 15,7%.
El informe advierte un quiebre en la dinámica del empleo a partir del cambio de gestión nacional en diciembre de 2023. De acuerdo con las cifras oficiales proyectadas para una población económicamente activa de 22,5 millones de personas, el deterioro de las condiciones de contratación provocó la creación de 626.000 puestos desprotegidos entre 2024 y 2026. Este fenómeno se dio en paralelo a la destrucción de 56.000 empleos privados formales y 212.000 puestos en el sector público, confirmando que las bajas en el empleo registrado no fueron absorbidas por sectores de calidad, sino por tareas informales de subsistencia.
La vulnerabilidad laboral afecta de manera desproporcionada a los sectores más jóvenes, las mujeres y los adultos mayores. En la franja etaria de 18 a 26 años, la tasa de desprotección escaló del 53% al 61,6% en dos años, registrando una pérdida pronunciada de puestos formales en rubros como el comercio y la construcción. Por su parte, la desprotección femenina creció un 14,1%, impulsada por el recorte de vacantes públicas —donde el 62% de las bajas correspondió a mujeres— y la caída de ingresos reales en salud y educación. Como contrapartida, la formación profesional funcionó como atenuante, dado que entre las personas con título universitario la desprotección se redujo al 18%.
