En medio de un escenario de profunda tensión por el recorte de coberturas y los constantes reclamos de los beneficiarios, el Gobierno nacional oficializó una transferencia de 580.000 millones de pesos destinada al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). El megaauxilio financiero busca dotar de liquidez al organismo para asegurar la continuidad de sus prestaciones básicas y frenar el ahogo operativo.
La medida intenta contener una crisis institucional y médica que viene golpeando con dureza a los adultos mayores de todo el territorio argentino, reflejada en la suspensión de servicios médicos integrales y severas dificultades para acceder a medicamentos e insumos de alta complejidad.
Un paliativo ante las alarmas provinciales
El millonario giro de fondos se produce en un momento de extrema vulnerabilidad para la obra social, cuyas deficiencias estructurales fueron denunciadas repetidamente por efectores de salud y áreas sociales de diversas provincias. Las demoras crónicas en la entrega de prótesis, sillas de ruedas, camas ortopédicas y la progresiva burocratización digital de los trámites generaron que miles de jubilados queden sin cobertura y deban migrar masivamente hacia los sistemas de salud pública provinciales para recibir asistencia de urgencia.
Fuentes del sector previsional advierten que, si bien la inyección presupuestaria de 580 mil millones de pesos es un paso necesario para evitar la parálisis total, el desafío de fondo radica en normalizar las cadenas de pago con los laboratorios y restablecer los convenios caídos con las federaciones médicas regionales, que mantienen en vilo la atención en los consultorios.
Auditorías y control del gasto
Desde el Ejecutivo nacional indicaron que este refuerzo de partidas estará sujeto a un estricto esquema de control y auditorías internas. La prioridad de la gestión centralizada del PAMI será regularizar las deudas acumuladas con las clínicas y sanatorios del interior del país, buscando mitigar el impacto de los copagos y los cortes de servicios que sufren los afiliados.
Sin embargo, economistas y asociaciones de jubilados señalan con preocupación que el monto transferido podría resultar insuficiente si no se detiene la licuación de las partidas destinadas a programas de alta vulnerabilidad, como los tratamientos oncológicos y los subsidios para medicamentos crónicos al 100%, elementos clave para la supervivencia de la clase pasiva.
