Paraguay atraviesa una profunda crisis política e institucional. Según la información difundida sobre los acontecimientos del viernes 6 de noviembre, el Senado resolvió destituir al presidente Santiago Peña mediante un juicio político por mal desempeño de sus funciones. La decisión habría sido seguida por su detención en una investigación relacionada con Ueno Bank, entidad financiera cuya situación provocó fuertes cuestionamientos sobre el manejo de fondos públicos.
De acuerdo con el material periodístico, la Cámara alta aprobó la destitución por unanimidad, con el respaldo de los 44 senadores presentes, mientras que un legislador estuvo ausente.
Peña, de 47 años, no participó de la sesión y delegó su representación legal en los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda.
La información señala que el proceso se desarrolló en medio de acusaciones por presuntas irregularidades vinculadas con la entidad bancaria y el destino de recursos provenientes de organismos estatales.
Tras la votación, la Fiscalía habría dispuesto la detención del mandatario en su domicilio de Asunción, por sospechas de lesión de confianza y otros posibles delitos.
También se menciona una orden de arresto contra el expresidente del Banco Central Carlos Dagoberto Carvallo Spalding.
La crisis de Ueno Bank y las acusaciones sobre fondos públicos
Uno de los puntos centrales del caso es la situación de Ueno Bank, entidad que, según el texto difundido, contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes.
La información sostiene que una intervención del Banco Central y las restricciones para acceder a los depósitos generaron preocupación entre los ahorristas, incluidos jubilados vinculados con el Instituto de Previsión Social.
Durante el procedimiento parlamentario, los legisladores habrían denunciado un presunto perjuicio económico de 1.200 millones de dólares para el Estado paraguayo.
Las acusaciones apuntan a posibles vínculos entre el entonces mandatario y la entidad financiera, además de supuestas decisiones relacionadas con el direccionamiento de recursos públicos.
Estos señalamientos forman parte de las acusaciones descritas en el material y requieren su correspondiente determinación judicial.
La controversia también alcanzó a los organismos encargados de la supervisión bancaria, en medio de cuestionamientos sobre los controles y la protección de los depósitos.
Pedro Alliana y el escenario político tras la salida de Peña
El material señala que, después de la decisión del Senado, el vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia de Paraguay.
Durante la ceremonia, el dirigente habría expresado: “Le pido a Dios que me ilumine, le pido templanza para decidir con serenidad en la hora difícil y no olvidar nunca el primer deber de un gobernante”.
La información también sostiene que Peña había anunciado previamente su renuncia mediante una publicación en la red social X, con el argumento de evitar una mayor inestabilidad política.
“No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal”, habría manifestado.
Sin embargo, la dimisión no habría sido tratada por el Congreso debido a la falta de quórum, por lo que el procedimiento parlamentario continuó hasta la votación.
El texto compara este episodio con la destitución de Fernando Lugo en junio de 2012, cuando el entonces presidente paraguayo fue removido mediante un juicio político.
También plantea posibles consecuencias sobre las prerrogativas constitucionales de los expresidentes y su exposición a eventuales procesos penales.
La información agrega que, durante la madrugada, se habría dispuesto el traslado de Peña al Regimiento Escolta Presidencial ante manifestaciones registradas en las inmediaciones de su domicilio.
La evolución de la situación política y judicial dependerá de las decisiones de las autoridades paraguayas y del esclarecimiento de las acusaciones relacionadas con la entidad financiera.
