La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reforzó su equipo técnico con vistas a la instancia internacional de la causa Vialidad. En las últimas horas, la exmandataria sumó a su defensa al abogado brasileño Rafael Valim —uno de los juristas que asesora al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva— para estructurar los recursos con los que buscarán impugnar la sentencia condenatoria ante tribunales y organismos internacionales.
Valim se integrará formalmente al esquema legal que encabeza la estrategia en el exterior, donde ya trabaja el español Javier Borrego, exmagistrado del Tribunal Supremo de España y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El objetivo de la defensa es cuestionar la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada por la Justicia argentina por el delito de administración fraudulenta.
El jurista brasileño es doctor y magíster por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo (PUC-SP) y especialista en Derecho Público, Constitucional y Derechos Humanos. A lo largo de su trayectoria intervino en diversos litigios internacionales y es coautor de publicaciones sobre la categoría analítica de lawfare junto a Cristiano Zanin, actual ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil y exdefensor de Lula.
En declaraciones a la prensa de su país, el abogado adelantó que en los próximos días presentarán formalmente en Buenos Aires los ejes de la presentación internacional. Valim argumentó que la exjefa de Estado fue víctima de "graves violaciones de derechos humanos fundamentales", eje sobre el cual basarán los reclamos para intentar revertir el fallo en foros extranjeros.
La incorporación del profesional se concreta luego de que la condena quedara ratificada en las instancias nacionales y la Corte Suprema rechazara los recursos presentados por los imputados para frenar la actualización del decomiso. Con esa resolución judicial, quedó firme la orden de reintegrar al Estado la suma de 685.000 millones de pesos, fijada por los tribunales como el monto del perjuicio ocasionado por las irregularidades en la obra pública.
