La secretaria de Derechos Humanos de Santiago del Estero, Daniela Águila, expresó su preocupación por la situación que atraviesan las personas con discapacidad y aseguró que el Gobierno provincial está sosteniendo con recursos propios programas de atención y asistencia que anteriormente contaban con financiamiento nacional. Durante una entrevista en Actualidad Política, por Radio LV11, también advirtió sobre las dificultades en la provisión de medicamentos y el aumento de la demanda en el sistema público de salud.
En diálogo con Ariel, la funcionaria analizó el impacto de la situación económica sobre las familias más vulnerables y cuestionó las decisiones del Gobierno nacional en materia de discapacidad.
Además, repasó las principales líneas de trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos para los últimos meses del año.
La Provincia sostiene programas de discapacidad con recursos propios
Uno de los principales temas de la entrevista fue el financiamiento de las políticas destinadas a personas con discapacidad.
Águila aseguró que, durante los últimos años, la Provincia debió asumir responsabilidades que anteriormente contaban con fondos nacionales.
“Estos últimos años que Nación se ha retirado de todas las políticas públicas vinculadas a discapacidades, las hemos seguido sosteniendo desde el Gobierno de la Provincia con mucho esfuerzo, con financiamiento propio”, expresó.
Según explicó, la asistencia provincial no se redujo, sino que debió ampliarse para responder a necesidades que quedaron sin cobertura.
La funcionaria mencionó prestaciones médicas, tratamientos y distintos servicios asistenciales que requieren continuidad.
En ese sentido, sostuvo que el acceso a estas prestaciones constituye un derecho y que su interrupción puede comprometer seriamente la salud de quienes las necesitan.
Más familias recurren a la salud pública por la pérdida de cobertura
Águila también vinculó el incremento de la demanda de asistencia con las dificultades del mercado laboral.
Según su análisis, muchas familias perdieron su obra social o cobertura médica al quedar desempleadas o pasar de un trabajo formal a uno informal.
Esta situación, explicó, provoca que tratamientos que antes eran cubiertos por obras sociales o empresas de medicina prepaga deban ser atendidos por el sistema público.
“Las familias han dejado de tener su obra social que les cubría los tratamientos a los chicos y todos estos chicos y adultos han pasado a ser atendidos en el ámbito público”, señaló.
La secretaria sostuvo que la prioridad está puesta en las personas con discapacidad que atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad económica y social.
Al mismo tiempo, destacó que el objetivo de las políticas provinciales es mantener una perspectiva inclusiva que alcance a toda la comunidad.
La preocupación por los medicamentos y el programa Remediar
Otro de los puntos centrales fue la provisión de medicamentos esenciales.
Durante la conversación se abordó la situación del programa nacional Remediar, destinado a facilitar el acceso a medicamentos en el sistema público de salud.
Águila afirmó que existen dificultades en los envíos nacionales y que esa situación obliga a las provincias a afrontar compras por separado.
Según su explicación, esta modalidad puede incrementar los costos frente a las adquisiciones de mayor volumen que se realizaban de manera centralizada.
“El tema es que ahora el programa Remediar no está enviando medicamentos, entonces se tienen que hacer cargo cada provincia”, sostuvo.
La funcionaria hizo especial hincapié en los tratamientos de enfermedades crónicas, como la diabetes, y en la importancia de garantizar su continuidad.
“Están jugando con la vida de las personas”
Al referirse a la provisión de insulina y otros medicamentos indispensables, Águila utilizó expresiones contundentes para cuestionar las restricciones en la cobertura sanitaria.
“Yo creo que son medidas criminales porque no se lo puede llamar de otra manera”, manifestó.
La funcionaria explicó que conoce personalmente las dificultades relacionadas con el costo de la insulina, debido a que uno de sus hijos necesita ese tratamiento.
También planteó la necesidad de impulsar políticas que permitan mejorar el acceso a medicamentos esenciales y reducir sus costos.
En ese contexto, consideró importante debatir la posibilidad de fortalecer la producción nacional de insulina y otros insumos médicos.
Sus declaraciones constituyen una crítica política a las medidas nacionales y no una determinación judicial sobre la existencia de delitos.
El reclamo por la emergencia en discapacidad
La secretaria también se refirió a las movilizaciones realizadas en distintos puntos del país para reclamar la aplicación de la legislación de emergencia en discapacidad.
Águila cuestionó las demoras que, según sostuvo, afectan el funcionamiento de prestaciones y servicios destinados a personas con discapacidad.
Entre ellos mencionó la rehabilitación, los acompañantes terapéuticos, los apoyos escolares y el acceso a tratamientos.
La funcionaria expresó su respaldo a los reclamos de las familias y organizaciones que exigen respuestas.
Además, manifestó preocupación por los episodios de intervención policial registrados durante manifestaciones en Buenos Aires, tema que también fue abordado por la conducción del programa.
Prevención de adicciones, violencia de género y trabajo con adolescentes
Hacia el final de la entrevista, Águila repasó otras áreas que forman parte del trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos.
Entre ellas mencionó las políticas de discapacidad, adicciones, violencia institucional, participación juvenil y prevención de la violencia contra las mujeres.
En relación con los adolescentes, destacó la importancia de fortalecer las actividades informativas sobre legislación penal juvenil, para que los estudiantes conozcan sus derechos y responsabilidades.
También manifestó preocupación por la violencia de género y consideró necesario continuar estudiando su relación con las situaciones de crisis socioeconómica.
Articulación con los Hogares de Cristo y el padre Pepe Di Paola
Como novedad, la funcionaria anticipó que la Secretaría trabaja de manera articulada con los Hogares de Cristo y el padre José María “Pepe” Di Paola en iniciativas vinculadas con la prevención y atención de las adicciones.
Según explicó, esta colaboración incluye un nuevo servicio en Itatí, orientado al acompañamiento de personas que atraviesan consumos problemáticos.
Águila destacó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y la Iglesia.
A su entender, esta articulación permite ampliar las posibilidades de acompañamiento y brindar respuestas a jóvenes y familias que necesitan asistencia.
“Son asuntos de todos, no solo del Estado”
Al cerrar su participación en Actualidad Política, la secretaria de Derechos Humanos remarcó que las problemáticas sociales requieren un compromiso colectivo.
Agradeció la posibilidad de debatir sobre discapacidad, salud, adicciones y violencia, y sostuvo que estos temas deben permanecer presentes en la agenda pública.
“Estos son asuntos de todos, no solo del Estado, sino de todos los argentinos”, expresó.
Águila insistió en que la prioridad de la gestión provincial es garantizar la continuidad de las prestaciones y acompañar especialmente a las personas que atraviesan mayores dificultades, en un escenario que describió como cada vez más exigente para el sistema público de asistencia.
