Una denuncia presentada ante la Justicia federal puso bajo la lupa el destino de alimentos adquiridos con fondos públicos para la Quinta de Olivos. La presentación plantea la hipótesis de que parte de esos productos podría haber terminado en un emprendimiento privado de catering vinculado con personas que trabajaban en la residencia presidencial.
La denuncia fue presentada por la diputada nacional Marcela Pagano y señala a María Belén Agudiez, Osvaldo Sosa y Analía Agudiez, de acuerdo con la información suministrada.
El planteo busca determinar si mercadería adquirida por el Estado para abastecer la residencia presidencial fue utilizada por “Pancitos Caseros”, un emprendimiento de panadería y catering que, según la denuncia, estaría relacionado con Analía Agudiez.
Por el momento, se trata de una denuncia y las presuntas irregularidades no fueron acreditadas judicialmente.
Una denuncia que alcanza al área conducida por Karina Milei
Según el material aportado, María Belén Agudiez se desempeñaba desde enero de 2024 en la Subsecretaría de Planificación General, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia.
La presentación sostiene además que su salida del cargo se produjo en un contexto de cambios en la estructura de la Quinta de Olivos, que habría incluido modificaciones en su administración.
En el caso de Osvaldo Sosa, es mencionado como exintendente de la residencia presidencial, mientras que Analía Agudiez habría estado vinculada con la cocina del lugar.
La denuncia solicita reconstruir la relación que eventualmente pudo existir entre esas funciones y la actividad del emprendimiento privado señalado.
Las compras de alimentos que quedaron bajo análisis
Uno de los ejes de la presentación está puesto en las cantidades de alimentos adquiridos para abastecer dependencias oficiales.
De acuerdo con la documentación citada en la denuncia, una contratación contemplaba 29.505 kilos de carnes, pollo, cerdo, achuras y pescado para un período de seis meses.
De ese total, 9.135 kilos habrían sido destinados a la Quinta de Olivos y 20.370 kilos a Casa Rosada.
La presentación también pone el foco sobre productos destinados a panadería y pastelería.
Entre las cantidades mencionadas aparecen 800 kilos de harina para Olivos frente a 500 kilos para Casa Rosada, además de 48 potes de dulce de leche para la residencia presidencial contra 12 para la sede gubernamental.
También se mencionan 75 kilos de chocolate para moldeo destinados a Olivos.
La existencia de esas cantidades, por sí sola, no demuestra un desvío. Precisamente, uno de los objetivos de la denuncia es que sean contrastadas con los registros oficiales de ingreso, utilización y consumo.
El catering y los eventos que aparecen mencionados
Otro punto de la presentación está relacionado con “Pancitos Caseros”, emprendimiento cuya actividad deberá ser analizada para establecer si existió alguna conexión con los productos adquiridos por el Estado.
Entre los eventos mencionados en la denuncia aparecen el Bizarren Musik Party, realizado el 3 de marzo de 2024 en GEBA, y un recital de Los Palmeras, desarrollado el 22 de marzo de ese año en el mismo lugar.
La investigación solicitada pretende establecer si el emprendimiento prestó servicios en esos eventos y, eventualmente, cuál fue el origen de los insumos utilizados.
También se menciona que un número telefónico publicado como contacto del emprendimiento estaría asociado a Analía Agudiez.
Qué deberá determinar la Justicia
El punto central será establecer qué mercadería fue efectivamente adquirida, cuánto ingresó a la Quinta de Olivos, quién la recibió y cuál fue posteriormente su destino.
Según el material suministrado, el fiscal Eduardo Taiano deberá resolver sobre el avance de la denuncia y las eventuales medidas de investigación.
Desde el entorno de María Belén Agudiez, en tanto, rechazaron las acusaciones y negaron que la exfuncionaria haya utilizado productos adquiridos para la Quinta de Olivos en un emprendimiento privado o instalaciones oficiales con fines comerciales.
La causa se encuentra, por lo tanto, en una etapa inicial y será la investigación judicial la que deberá determinar si existieron o no las irregularidades denunciadas.
