La implementación de acuerdos de expulsión hacia terceros países por parte de las autoridades de Estados Unidos genera una creciente controversia internacional. Decenas de migrantes procedentes de América Latina, principalmente de Nicaragua y Cuba, denunciaron haber sido trasladados de forma expedita a la República Centroafricana pese a contar con resoluciones judiciales vigentes de tribunales norteamericanos que impedían su repatriación por riesgos de tortura o persecución en sus países de origen.
Los testimonios recabados por medios internacionales dan cuenta de episodios de violencia física y falta de notificación durante los traslados. Diversos afectados relataron haber sufrido agresiones por parte de agentes federales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) antes de ser embarcados en vuelos hacia Bangui, la capital del país africano, donde actualmente permanecen bajo condiciones de extrema precariedad y custodia informal sin vínculos familiares ni comunitarios.
Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendieron el procedimiento y aseguraron que se da cumplimiento estricto al marco legal. Mientras organismos de derechos humanos advierten que las deportaciones masivas hacia territorios atravesados por conflictos armados vulneran tratados internacionales de protección a refugiados, miles de migrantes que contaban con órdenes de supervisión en suelo estadounidense enfrentan un escenario de absoluta incertidumbre jurídica y personal en el continente africano.
