La Cámara de Diputados comenzará este miércoles 30 de septiembre el tratamiento en comisiones del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa enviada por el Gobierno que combina modificaciones relacionadas con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas con nuevas disposiciones en materia de seguridad nacional.
Según el cronograma consignado en la información suministrada, el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto se reunirá desde las 12 y el trabajo podría concluir el martes 6 de octubre con la firma de dictámenes.
Las tres comisiones son presididas por legisladores del oficialismo: Carlos Zapata, en Defensa; Laura Rodríguez Machado, en Legislación Penal; y Juliana Santillán, en Relaciones Exteriores y Culto.
El proyecto ya generó cuestionamientos de sectores opositores, principalmente por las atribuciones previstas para un nuevo Consejo de Seguridad Nacional. Desde Unión por la Patria, el diputado Juan Marino calificó la iniciativa como un “caballo de Troya”, una caracterización política del legislador que el oficialismo no comparte.
Nota de verificación: no tengo disponible en este entorno una búsqueda pública operativa para contrastar en tiempo real el texto parlamentario y el cronograma. Por eso, los detalles actuales del proyecto y de su tratamiento que siguen están basados en la información suministrada y deben leerse como tales.
Penas de hasta 20 años por explotación de recursos en Malvinas
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es el endurecimiento de las penas por la explotación o cooperación para la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes sin autorización argentina.
Según el texto informado, las penas podrían alcanzar hasta 20 años de prisión.
La propuesta reemplazaría la actual Ley 26.659 y ampliaría las prohibiciones existentes: ya no quedarían limitadas a los hidrocarburos, sino que comprenderían cualquier aprovechamiento no autorizado por Argentina de recursos naturales renovables y no renovables.
También se contempla la creación de un registro público de infractores. El Estado y los particulares tendrían prohibido contratar con quienes aparezcan inscriptos.
Además, la iniciativa incorpora el juicio en ausencia para los delitos contemplados por la nueva normativa.
Un Consejo de Seguridad Nacional
Otro de los puntos que concentra la discusión es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que estaría encabezado por el Presidente.
De manera permanente también lo integrarían el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.
De acuerdo con el proyecto descripto, el organismo tendría a su cargo la coordinación estratégica de las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en cuestiones vinculadas con infraestructuras críticas.
Ante una amenaza considerada grave e inminente, el Consejo podría disponer determinadas medidas urgentes.
Entre ellas aparecen restricciones a operaciones cambiarias y financieras, bloqueos temporales de fondos y activos, suspensión de autorizaciones o contrataciones, restricciones a importaciones y exportaciones y modificaciones temporales de derechos aduaneros.
Derribo de aeronaves y hundimiento de buques
El proyecto también contempla disposiciones relacionadas con aeronaves y embarcaciones consideradas hostiles.
Según la información suministrada, se autorizaría el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques como último recurso, una vez agotadas las instancias establecidas dentro de un protocolo de actuación.
Este apartado forma parte de las facultades en materia de seguridad que estarán en el centro de la discusión parlamentaria.
Cambios sobre financiamiento político e inteligencia extranjera
La iniciativa también propone prohibir aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas.
A esto se suma la incorporación de delitos vinculados con la revelación de secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros y la colaboración material con operaciones clandestinas de inteligencia.
También se incluyen acciones realizadas por cuenta o con financiamiento extranjero que busquen, según la descripción del proyecto, alterar procesos electorales, manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva o promover y financiar hechos de violencia o sabotaje.
Las críticas de la oposición
Uno de los cuestionamientos más fuertes fue formulado por Juan Marino, diputado de Unión por la Patria, quien organizó una audiencia informativa denominada “¿Soberanía o patio trasero?”.
Marino cuestiona que las disposiciones específicamente relacionadas con Malvinas estén incluidas en una iniciativa que, al mismo tiempo, crea el Consejo de Seguridad Nacional y modifica otras áreas de la legislación.
El legislador sostuvo que se trata de “una extorsión política por Malvinas” y acusó al Gobierno de incorporar las sanciones relacionadas con las islas en el mismo proyecto que el nuevo organismo de seguridad para dificultar políticamente su rechazo.
También calificó la propuesta como un “caballo de Troya” y vinculó sus críticas con la política exterior y de seguridad de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. Estas afirmaciones corresponden a la interpretación política de Marino sobre la iniciativa.
Con posiciones enfrentadas, el proyecto comenzará ahora su recorrido en Diputados. El primer escenario será el plenario de las tres comisiones, donde oficialismo y oposición discutirán tanto las disposiciones específicamente vinculadas con Malvinas como el alcance de las nuevas herramientas de seguridad nacional previstas en la iniciativa.
