El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad reclamó que se prorrogue la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, ante la situación que atraviesan personas con discapacidad, familias, trabajadores e instituciones prestadoras.
El pedido se produce de cara a la sesión especial convocada para el miércoles 9 de septiembre, a las 12, en la Cámara de Diputados de la Nación, donde está previsto el tratamiento de una iniciativa para extender la vigencia de la Ley 27.793, actualmente establecida hasta el 31 de diciembre de 2026.
Para acompañar el reclamo, organizaciones, personas con discapacidad, familiares, trabajadores y prestadores anunciaron una movilización al Congreso entre las 11 y las 13 horas de ese mismo miércoles.
Por qué reclaman extender la emergencia
Desde el Foro sostienen que la situación que motivó la declaración de emergencia todavía no fue superada y advierten sobre las dificultades que atraviesa el sistema de atención.
“Los aranceles están muy por debajo de lo necesario”, señalaron desde la organización.
Además, plantearon que todavía no se realizó el estudio de costos contemplado por la ley, que persisten inconvenientes con el otorgamiento de pensiones por discapacidad y que las compensaciones de emergencia no estarían siendo abonadas.
La organización considera que prolongar la vigencia de la normativa permitiría mantener las herramientas destinadas a garantizar prestaciones y apoyos para las personas con discapacidad.
Una movilización mientras debate Diputados
El Foro también puso el foco en la situación de quienes trabajan dentro del sistema y aseguró que la extensión resulta necesaria para sostener la continuidad de los servicios y proteger las fuentes laborales.
La iniciativa que llegará a Diputados es impulsada por legisladores de distintos bloques y propone llevar la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027.
En paralelo al debate parlamentario, el sector volverá a movilizarse frente al Congreso para reclamar una respuesta ante una crisis que, según las organizaciones, continúa afectando tanto a las personas con discapacidad y sus familias como a prestadores y trabajadores.
