El programa económico encabezado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, enfrenta una prueba decisiva de cara al cierre de 2026. La difusión del resultado fiscal de agosto —prevista para el 18 de septiembre— comenzará a determinar si el Ejecutivo podrá cumplir con la meta de superávit primario acumulado de $16,2 billones comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Hasta el momento, el Palacio de Hacienda acumula $10,2 billones, lo que deja un estrecho margen de $6 billones a reunir en el último tramo del año, en un contexto condicionado por la estacionalidad deficitaria de diciembre debido al pago de aguinaldos y otros compromisos.
La viabilidad del objetivo cuantitativo muestra signos de fragilidad debido a la persistente debilidad de la actividad económica y a la contracción de los impuestos vinculados al consumo interno. De acuerdo con estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la recaudación tributaria nacional registró un descenso del 3,8% real interanual en los primeros ocho meses de 2026, impulsada por fuertes caídas en los derechos de exportación (-28,3%), aranceles de importación (-18,5%) e impuestos internos (-17,3%), sumadas a una baja del 6,6% real en el IVA neto. Aunque los meses de junio y julio mostraron alivios temporales por vencimientos estacionales y liquidaciones agropecuarias, la recaudación ligada al mercado local continúa arrojando datos negativos.
A esta dinámica se suma el agotamiento del margen para profundizar el recorte de erogaciones públicas. Un informe de la consultora Ficonomics advirtió que el ajuste de los últimos meses se concentró en partidas de menor peso relativo —como transferencias a provincias (-38,6% real) y otros programas sociales (-36,1% real)—, mientras que los componentes de mayor incidencia, como las prestaciones sociales e indexadas, representan más del 49% del gasto primario y no admiten mayor margen de poda. Frente a esta restricción, analistas del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y otros consultores privados sugieren que el Palacio de Hacienda podría recurrir a postergar el pago de gastos devengados por unos $2 billones hacia enero de 2027 para evitar solicitar un nuevo waiver al FMI, tras la flexibilización de $1,6 billones obtenida en junio.
Pese a las advertencias provenientes de consultoras, cámaras empresariales y economistas de mercado que reclaman medidas de estímulo a la actividad, la conducción política ratificó el rumbo. Frente a pedidos de flexibilización monetaria y fiscal para dinamizar el consumo y el crédito, Milei ratificó que el resultado fiscal y el ordenamiento monetario se mantendrán inamovibles como pilares prioritarios para derrotar la inflación, rechazando cualquier recalibración del esquema de corto plazo.
