La desaparición y posterior asesinato de Rodrigo Anfruns Martínez representa una de las heridas abiertas más profundas en la historia criminal de Chile. Ocurrido en plena dictadura militar, el hecho no solo movilizó a un país entero en un operativo de búsqueda sin precedentes, sino que derivó en un expediente judicial repleto de contradicciones, pistas falsas e hipótesis nunca comprobadas. A más de cuatro décadas de aquella trágica tarde, la causa continúa formalmente sin responsables ni condenados, consolidándose como uno de los grandes enigmas policiales de América Latina.
Nueve días de búsqueda y un hallazgo lleno de interrogantes
El 3 de junio de 1979, Rodrigo, de tan solo seis años, salió a jugar cerca de su domicilio particular en el exclusivo barrio de Lo Curro, en la ciudad de Santiago de Chile. Tras notar que transcurrían las horas y el pequeño no regresaba, sus padres radicaron la denuncia correspondiente, activando un despliegue sin antecedentes que involucró a cientos de efectivos policiales, militares y voluntarios. Sin embargo, la esperanza se derrumbó el 12 de junio de 1979, cuando el cuerpo del niño fue encontrado sin vida en un terreno baldío muy cercano a la vivienda familiar.
El descubrimiento planteó de inmediato serias dudas sobre el accionar de la investigación:
El predio donde apareció el cadáver ya había sido rastrillado exhaustivamente en múltiples oportunidades por las fuerzas de seguridad durante los días previos.
Las pericias forenses iniciales determinaron que la causa de muerte fue una asfixia mecánica, pero nunca lograron precisar con exactitud dónde permaneció el menor durante sus nueve días de cautiverio.
Las limitaciones tecnológicas de finales de la década de 1970 y la pérdida de muestras biológicas clave impidieron obtener material genético determinante.
Hipótesis, sospechosos y el impacto en los protocolos de búsqueda
A lo largo de los años, las líneas investigativas mutaron entre la teoría de un secuestro perpetrado por un delincuente común, la acción solitaria de un individuo con patologías psiquiátricas y versiones que vinculaban el crimen con disputas entre organismos de inteligencia del régimen militar de la época. Pese a que un sujeto fue interrogado en varias ocasiones por su conducta sospechosa en la zona, la justicia chilena nunca contó con la evidencia científica suficiente para formular una acusación formal o lograr una condena.
El impacto social por la muerte de Rodrigo Anfruns fue de tal magnitud que forzó la revisión completa de los protocolos de actuación frente a la desaparición de menores en el país trasandino, marcando un hito en la necesidad de actuar con celeridad durante las primeras horas de búsqueda. Pese a las reformas posteriores, el interrogante principal sigue sin respuesta: quién mató a Rodrigo y qué ocurrió exactamente durante los nueve días en que permaneció desaparecido.
