El Congreso de la Nación se encuentra a la espera de los proyectos de ley anunciados en cadena nacional por el presidente Javier Milei, orientados a endurecer las sanciones contra la explotación ilegal de recursos naturales en las Islas Malvinas. A pesar de calificar los anuncios como una medida de carácter electoralista, bloques de la oposición adelantaron que acompañarán el debate parlamentario y solicitarán la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo en las comisiones de trabajo.
La iniciativa oficial busca modificar el marco legal vigente para endurecer las penas contra las empresas y proveedores que participen en la exploración y extracción de hidrocarburos no autorizadas por la Argentina. La medida apunta directamente a frenar el avance del proyecto petrolero offshore Sea Lion, llevado adelante en la Cuenca Norte por las firmas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
Alcance de las sanciones y respaldo de partidas presupuestarias
El proyecto propuesto por la Casa Rosada establece que las compañías infractoras y sus empresas contratistas no podrán operar ni celebrar contratos con el sector público o privado en territorio nacional. Asimismo, la normativa contempla la figura del juicio en ausencia y extiende las penalizaciones a otras actividades productivas que afecten los recursos naturales en el área del Atlántico Sur.
En el plano parlamentario, la estrategia del oficialismo incluye el tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que amplió las partidas del Ministerio de Defensa. Los fondos serán destinados a la construcción de la Base Naval Integrada en la provincia de Tierra del Fuego y al fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones. El expediente ingresará a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, presidida por la senadora María Belén Monte de Oca, donde la libertad avanza y sus aliados cuentan con una mayoría de 11 sobre 16 integrantes.
Posiciones en el Parlamento y antecedentes legislativos
Las repercusiones dentro del ámbito legislativo mostraron matices entre las diferentes fuerzas políticas. Desde La Libertad Avanza, la senadora Patricia Bullrich sostuvo que permitir el inicio de la producción petrolera británica implicaría aceptar la usurpación de recursos naturales. Por su parte, el diputado Juan Grabois valoró el endurecimiento de la posición soberana respecto de la población implantada en las islas, mientras que la senadora fueguina Cristina López cuestionó la efectividad de las medidas frente a los recortes presupuestarios previos.
La discusión actual retoma los antecedentes fijados por la Ley 26.659 aprobada en 2011, la cual sanciona la exploración petrolera no autorizada en la Plataforma Continental Argentina. Desde ese año, diversos legisladores de distintos bloques elevaron pedidos de informes y proyectos de declaración ante los avances de firmas como Premier Oil y Rockhopper Exploration en el archipiélago.
