El Gobierno nacional mantiene en agenda la desregulación del sector marítimo y analiza llevar al Congreso parte de las reformas luego del conflicto que paralizó los puertos. El Ejecutivo evalúa impulsar por ley cambios en el cabotaje y no descarta una vía legislativa para el practicaje, aunque primero buscará avanzar mediante una mesa de trabajo con representantes del sector.
La suspensión del decreto 690/2026 significó, según reconocen en la Casa Rosada, un retroceso respecto de la estrategia inicial, pero no modificó el diagnóstico oficial sobre los costos y las regulaciones de la navegación comercial.
El Gobierno analiza modificar el régimen de cabotaje
El cabotaje comprende el transporte de mercaderías o pasajeros entre distintos puntos del territorio nacional. En el Ejecutivo consideran que una reforma del régimen podría incorporarse a un proyecto de ley y sostienen que se trata de un aspecto relevante para el comercio argentino.
Antes del conflicto portuario, el Ministerio de Desregulación ya trabajaba en un paquete legislativo que incluía una reforma del cabotaje y modificaciones sobre distintas normas vinculadas con la navegación y la Marina Mercante.
El borrador contempla, bajo determinadas condiciones, la participación de buques de bandera extranjera en el transporte de cargas o pasajeros entre puntos del país. También propone cambios en la Ley de Navegación, las reglas de dotación y tripulación y el régimen de promoción de la Marina Mercante.
El practicaje tendrá primero una instancia de negociación
La situación del practicaje presenta un escenario diferente. Se trata del servicio mediante el cual profesionales especializados asisten a los buques durante la navegación y las maniobras en ríos, canales, pasos y puertos.
Luego de la suspensión del decreto 690, el Ejecutivo resolvió que una nueva mesa de trabajo sea el primer ámbito para discutir los cambios. El espacio funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y contará con representantes de la Prefectura Naval, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y el sector privado.
Por el sector participará John Ryan, presidente de la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje, junto con otros representantes y autoridades nacionales.
El decreto 716, que formalizó la suspensión, establece que la mesa tendrá como objetivo “lograr los consensos necesarios” y trabajar en un nuevo reglamento de practicaje y pilotaje.
El proyecto legislativo no incluye los cambios del decreto 690
El paquete legislativo que estaba en preparación antes del conflicto no contempla la desregulación específica del practicaje que había sido establecida mediante el decreto 690.
Aunque el proyecto menciona al practicaje dentro de las normas relacionadas con el personal embarcado, no incorpora las modificaciones sobre contratación, tarifas, habilitaciones y mecanismos de reemplazo que generaron el conflicto.
El decreto suspendido eliminaba el límite numérico para la inscripción de prácticos habilitados, permitía su contratación directa como profesionales independientes y flexibilizaba la contratación de los medios utilizados para trasladarlos hasta los buques.
También facultaba a la ANPYN a establecer tarifas máximas para las distintas prestaciones.
El decreto suspendido contemplaba mecanismos para garantizar el servicio
La norma también establecía mecanismos excepcionales para garantizar la continuidad del practicaje ante situaciones que afectaran el funcionamiento habitual del sistema.
Entre otras medidas, permitía que la Prefectura Naval prestara directamente servicios de practicaje, pilotaje o baquía, solicitara la intervención de la Armada y habilitara temporalmente a capitanes con conocimiento de la zona en situaciones de crisis.
Estos puntos quedaron en el centro del conflicto que derivó en la suspensión del decreto. Prefectura había intimado a profesionales a retomar sus tareas, mientras organizaciones vinculadas con capitanes y trabajadores marítimos cuestionaron la posibilidad de reemplazar a los prácticos sin las habilitaciones correspondientes.
El conflicto afectó la actividad portuaria
La disputa provocó la interrupción del movimiento de más de un centenar de buques y tuvo impacto sobre operaciones vinculadas con exportaciones, combustibles y proyectos energéticos.
A partir de ese escenario, el Ejecutivo busca avanzar con una estrategia diferenciada para cada componente de la agenda marítima.
El cabotaje aparece como el área con una vía legislativa expresamente bajo análisis, mientras que el practicaje tendrá primero una instancia de diálogo entre el Gobierno y los representantes del sector.
El Gobierno mantiene su objetivo de reducir costos logísticos
La Casa Rosada sostiene que la revisión de las regulaciones marítimas forma parte de una estrategia destinada a reducir costos logísticos y aumentar la competencia.
Sin embargo, después del conflicto portuario, el Ejecutivo busca definir los próximos cambios a partir de la negociación con los sectores involucrados y evitar una nueva modificación normativa sin coordinación previa.
La eventual intervención del Congreso para el practicaje permanece, por ahora, como una alternativa que podría evaluarse después de la mesa de trabajo.
