El Gobierno nacional evalúa una batería de recursos judiciales para intentar frenar la ejecución del fallo que confirmó la condena contra la Argentina por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, una causa cuyo monto asciende a US$390,9 millones, más intereses.
La decisión fue adoptada por la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia, que ratificó la sentencia favorable a Titan Consortium 1 LLC, empresa que adquirió los derechos económicos del reclamo iniciado originalmente por sociedades del Grupo Marsans.
Las alternativas que analiza la Casa Rosada
La Procuración del Tesoro quedó a cargo del análisis de la estrategia judicial que seguirá el Estado argentino.
Entre las opciones que estudia el Gobierno figuran solicitar una nueva revisión del fallo ante la propia Cámara de Apelaciones, pedir que el expediente sea analizado por una integración ampliada de ese tribunal o recurrir directamente a la Corte Suprema de Estados Unidos.
En paralelo, la Casa Rosada también evalúa presentar un pedido para suspender la ejecución de la sentencia mientras se resuelven esos recursos, con el objetivo de impedir que el demandante avance sobre activos argentinos en territorio estadounidense.
Desde el oficialismo aseguran que "no descartan ninguna alternativa" y que la prioridad es ganar tiempo mientras continúa la disputa judicial.
El origen del conflicto
La causa se remonta a 2009, cuando empresas del Grupo Marsans iniciaron un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) tras la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, concretada mediante la Ley 26.466, sancionada en 2008.
En 2017, el tribunal arbitral condenó a la Argentina a pagar alrededor de US$321 millones, además de intereses y costas judiciales.
El Estado argentino intentó anular ese laudo, pero en 2019 el pedido fue rechazado y la condena quedó firme.
Posteriormente, Titan Consortium inició en Estados Unidos el proceso para reconocer y ejecutar esa sentencia, que finalmente fue confirmada por la Justicia estadounidense.
Qué busca evitar el Gobierno
En Balcarce 50 consideran prioritario impedir que el fallo facilite eventuales embargos o medidas de ejecución sobre bienes argentinos en Estados Unidos.
El Gobierno también remarca que la condena no afecta a Aerolíneas Argentinas como empresa, sino exclusivamente al Estado nacional, ya que deriva del proceso de expropiación realizado durante la gestión kirchnerista.
Además, la administración nacional sostiene que este expediente integra el conjunto de litigios internacionales heredados de gobiernos anteriores y asegura que recibió pasivos judiciales por más de US$30.000 millones.
Preocupación por otros juicios
En la Casa Rosada también siguen de cerca el posible impacto de esta resolución sobre otros litigios internacionales pendientes contra la Argentina.
Uno de los expedientes que podría cobrar impulso es el reclamo de Webuild, vinculado al congelamiento de tarifas del puente Rosario-Victoria.
Aunque el Ejecutivo no descarta una eventual negociación con Titan Consortium, por el momento mantiene el foco en la estrategia judicial y en la posibilidad de extender los plazos antes de que la condena pueda ejecutarse.
