Tras cerrar el entendimiento vinculado al sistema de Discapacidad, el Gobierno nacional enfocó sus gestiones legislativas en destrabar la negociación con las universidades nacionales de cara al Presupuesto 2027. La Casa Rosada busca acordar con los rectores un incremento intermedio de partidas o la reducción de alícuotas en contribuciones patronales a través de ARCA para modificar la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario.
Alternativas financieras y marco de discusión presupuestaria
Existe una brecha de aproximadamente $3,3 billones entre el proyecto oficial, que contempla $7,7 billones, y las necesidades proyectadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), estimadas en $11 billones. Para acortar diferencias, el Ejecutivo analiza reducir las contribuciones patronales del personal universitario reguladas por el Decreto 1571/2010 y el Decreto 645/2023, aliviando los costos salariales del sistema sin comprometer transferencias directas adicionales.
La controversia en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal
El frente judicial se mantiene como un eje central tras el fallo del juez federal Martín Cormick, que declaró inconstitucional la reglamentación del Ejecutivo que condicionaba los fondos. Aunque la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió de manera provisoria las multas al jefe de Gabinete, Diego Santilli, la conducción nacional busca reencauzar el litigio mediante un acuerdo político con los rectores que garantice previsibilidad presupuestaria de cara al año lectivo.
