El escenario regulatorio del transporte automotor de pasajeros de larga distancia sumó una modificación de fuerte impacto económico e institucional. La Secretaría de Transporte de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía, oficializó la eliminación definitiva del sistema de subsidios estatales que funcionaba como un esquema de reintegro parcial para las empresas interjurisdiccionales que otorgan pasajes gratuitos a personas con discapacidad, pacientes trasplantados o en lista de espera y niños en tratamiento oncológico.
La medida se formalizó mediante la publicación de la Resolución 28/2026 en el Boletín Oficial de este martes.
Las leyes nacionales y la vigencia del derecho
Frente a la incertidumbre generada en las primeras horas del día, la normativa aclara explícitamente que la quita del fondo compensador a las empresas no representa una derogación de los beneficios sociales para la población vulnerable. Las tres leyes nacionales que consagran los pases libres de transporte terrestre de larga distancia continúan en plena vigencia jurídica:
Ley 22.431: Ampara la gratuidad para personas que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) para traslados hacia cualquier destino del país.
Ley 26.928: Garantiza el beneficio de traslado gratuito para personas trasplantadas o inscriptas en lista de espera ante el INCUCAI.
Ley 27.674: Protege el derecho a la movilidad sin costo para niños, niñas y adolescentes que se encuentren bajo tratamiento oncológico activo.
La resolución gubernamental insiste en que la medida administrativa "no afecta el contenido esencial del derecho a la gratuidad", el cual permanece "plenamente vigente y exigible" para todos los beneficiarios que cumplan con los requisitos formales de acreditación.
El rol de control institucional
A partir de la entrada en vigencia del nuevo marco de desregulación y corte de fondos públicos, el control del funcionamiento del sistema de reservas recaerá con mayor rigurosidad sobre las delegaciones de control del Estado:
Las asociaciones civiles y colectivos que agrupan a familiares de personas con discapacidad manifestaron su preocupación respecto al comportamiento futuro del mercado corporativo de transporte de larga distancia. Advirtieron que, al no contar con la contraprestación presupuestaria del Estado, podrían registrarse trabas operativas encubiertas o demoras intencionales en los sistemas de reserva, por lo que exigieron que las auditorías en las terminales de ómnibus de todo el país sean permanentes para evitar la vulneración de los derechos adquiridos.
